lunes, 20 de octubre de 2008

La exclusión afecta a millones de personas


Perú: Legalmente invisibles

Por: Julia Vicuña Yacarine
SEMlac

“Nací cuando el choclo (maíz) estaba para cosechar. Como no lo celebraron, no sé exacto cuándo fue, pero mi mamacita decía que en ese mes es mi cumpleaños. No tengo partida de nacimiento, no había plata para ir a inscribirme”, cuenta Dalia.

Al igual que ella, un gran porcentaje de mujeres rurales de la costa, la sierra y la selva del Perú pasan su vida al margen del Estado y como herencia dejan sus hijas e hijos, muchas veces, la indocumentación.

Aunque no se cuenta con datos exactos, el Plan Nacional de Restitución de la Identidad estimó que, hasta junio de 2005, había tres millones 411.113 personas indocumentadas.

Un informe de la Defensoría del Pueblo señala que la indocumentación está estrechamente ligada a los problemas de la pobreza que atraviesa el país y a la violencia vivida anteriormente. “No se trata sólo de un problema de identificación, de tener o no el Documento Nacional de Identificación (DNI); se trata de un problema de exclusión de millones de personas que no existen para el estado y éste no existe para ellas”.

Elena Villanueva, coordinadora del Programa de Desarrollo Rural del Centro Flora Tristán, dijo a SEMlac que, del universo de indocumentados, las mujeres de las zonas rurales, indígenas y amazónicas se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad, por la discriminación de género.

“En un estudio focalizado en seis departamentos, encontramos que más de 50 por ciento de la población femenina en zonas rurales carece de documentos de identidad”, afirma.
Para algunas mujeres de la zona andina, la indocumentación es como “vivir en la oscuridad”, sostiene Tesania Velásquez, sicóloga del Estudio para la Defensa y los Derechos de la Mujer, DEMUS, en su investigación “Vivencias diferentes: la indocumentación entre las mujeres rurales del Perú”.
“El DNI devuelve la luz, permite ver, devela la existencia negada. En la “ceguera” hay algo de ella que no está nombrada, que no es”, apunta.

Para acceder al derecho a la identidad en Perú se requiere acumular “una cadena de documentos”, que se inicia con la inscripción en las Oficinas de Registro Civil al momento del nacimiento, hasta la obtención del DNI al cumplir los 18 años de edad.

Pero la ruta de la documentación está llena de obstáculos para la población pobre y en extrema pobreza, en particular para las mujeres rurales. Los costos para obtener el DNI oscilan entre 20 y 100 nuevos soles (entre seis y 31 dólares) por el derecho a trámite, pago de fotografía y gastos de movilidad.

Estos costos resultan exorbitantes para pobladores de algunas comunidades donde los jornales oscilan entre cinco y 10 nuevos soles diarios (1.58 y 3.17 dólares).


A fin de plantear y ejecutar acciones concretas para sacar de las sombras de la indocumentación a mujeres de zonas rurales, indígenas y amazónicas, el Centro Flora Tristán emprendió la campaña piloto “Mujer saca tu DNI… Ahora te toca a ti”, que garantizó la gratuidad de los trámites y la presentación, únicamente, de la partida de nacimiento.

“Cuando escuché en la radio que venia la campaña me alegré mucho. Mi esposo me apoyó y, con la venta de dos arrobas de papa (24 kilos), juntamos los cinco nuevos soles (dólar y medio aproximadamente) para tomarme la foto”, recuerda Eusebia, pobladora de la Asociación de Licenciados, en el Cusco, departamento situado en la región sur-oriental del Perú.

Para Eusebia la vida cambió. “Ahora me siento más segura para atender a mis hijos, no tengo miedo de que, cuando vaya a alguna oficina, me rechacen por no tener DNI. Algunas mujeres se preguntan para qué sirve ese documento, que nosotras no lo necesitamos, pero yo conocí en la campaña a una viejita de 71 años que estaba contenta porque cuando le tocara morir pondrían en los papeles su nombre legal, el de su DNI, que recién había sacado”.

Si bien las diferentes campañas por el derecho a la identidad han permitido avances, aún son insuficientes para atender todo el universo de personas “invisibles” para el Estado.

Niños sin derecho al nombre

La falta de documentación involucra también a millones de niñas y niños que carecen de partida de nacimiento. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el Perú nacen alrededor de 628.000 niñas y niños al año, de los cuales 15 por ciento no son inscritos.

Es muy difícil determinar exactamente el número de nacimientos anuales, ya que algunos ocurren en las casas y no se registran en ningún sistema de salud, por lo que el INEI trabaja sobre estimaciones.

Un obstáculo para la inscripción infantil en los registros civiles es el Código Civil, ya actualmente prohíbe a quienes acuden a formalizar el registro que declaren el nombre del progenitor ausente, afirma María Isabel Cedano, directora de Demus.

“Esta prohibición es discriminatoria, ya que termina diferenciando entre niñas y niños nacidos dentro y fuera del matrimonio, y restringe el derecho al nombre de estos últimos. También es discriminatoria contra las madres solteras”, sostiene.

Al no poder inscribir a su hija o hijo con el apellido del presunto progenitor, las mujeres desisten de su intento por temor fundado a la confusión, el estigma y la discriminación.

En las zonas rurales, además de este problema, deben resolver otras barreras para registrar el nacimiento de una niña o niño.

Según Amnistía Internacional (AI), los centros de salud de zonas rurales, tanto en la sierra como en la selva, estarían cobrando por la emisión del Certificado de Nacido Vivo, uno de los principales requisitos para realizar la inscripción y obtener la partida de nacimiento.

De acuerdo con testimonios recogidos por AI, las mujeres que no han acudido a los controles pre y post natales, y aquellas cuyos hijos han nacido en el domicilio, deben pagar hasta 50 nuevos soles (15 dólares) por este documento.

Para UNICEF, no darle a una niña o niño la posibilidad de saber quién es y de dónde viene marcará por siempre el camino que le tocará transitar en la vida. Será un fantasma de carne y hueso que no aparece en las estadísticas, pero que piensa, siente, razona y reclama. Un ser humano que, aunque no figure en los registros, tiene el derecho de vivir con dignidad.

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