jueves, 19 de febrero de 2009

Contratos docentes desconcertantes


Por: León Trahtemberg

¿Quién entiende al Ministerio de Educación? La última novedad es la tardía publicación de la Directiva N° 013 del 3 de febrero exigiendo a cada gobierno regional que para el 15 de febrero tenga lista una prueba de 100 preguntas (bajo la matriz obligatoria producida centralmente por el ministerio) que evalúe a las decenas de miles de postulantes a 40,000 plazas de docentes cuyo resultado, orden de mérito y contrato debe estar listo en una semana para que los ganadores vayan a su centro educativo y empiecen a enseñar el 1ero de marzo.
El Consejo Nacional de Educación ha alertado al Ministerio de Educación sobre los inconvenientes y riesgos de esta propuesta que tiene plazos y condiciones inviables. Le hace un encargo apresurado a los gobiernos regionales, que no podrán cumplir cabalmente. Tendrán que improvisar pruebas, manteniendo el reiterado error de asumir que esa prueba escrita tendrá la capacidad de distinguir quién será un buen docente en el aula.
Si la ley de educación 28044 crea en cada centro educativo un Consejo Educativo Institucional –CONEI- integrado por el director, coordinador académico, representante docente y dos representantes de los padres, que tienen la responsabilidad conjunta de evaluar a los postulantes a plazas docentes para su ingreso a la Institución Educativa ¿No hubiera tenido más sentido que sean los CONEI´s los que escojan a los contratados para su colegio, dando prioridad a los contratados del año 2007 ó 2008 que se desempeñaron bien y que ya son conocidos por el colegio? Eso premiaría al buen docente ya conocido, evitaría este innecesario concurso regional, reduciría los plazos para tener listos los contratos y daría la oportunidad a cada colegio de ganar experiencia en la evaluación autónoma de los maestros que enseñarán en su institución, cosa que mandan la leyes.
El argumento de no confiar en el CONEI por corrupto es inaceptable. Si fuera cierto, sería mejor cerrar el colegio de cuyo director, representantes de padres y maestros se asume que se coluden delictivamente para cometer actos de corrupción, ya que en ese caso se estaría poniendo en alto riesgo a todo su alumnado.

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