miércoles, 10 de junio de 2009

Padres complacientes con la mediocridad educativa

Por: León Trahtemberg

Hay una vieja tesis de la “educación para la dominación” que sostiene que mientras menos educada sea la población, más fácil dominarla, esclavizarla, explotarla, hacerle creer lo que los gobernantes les transmiten como verdad única a través de la radio o televisión estatal.
Para los políticos y empresarios que piensan y/o actúan así, la presencia del nativo shawi Alberto Pisango, presidente de Aidesep, debe servirles de espejo en el cual mirar esta tesis. Pisango es una especie de error estadístico, como le gustaba decir a Toledo, al referirse al destino estadísticamente correcto para alguien como él: los pobres están condenados transgeneracionalmente a seguir siendo pobres, porque el estado no les da las escaleras para salir de la pobreza (educación y salud de calidad, oportunidades).
Alberto Pisango y sus allegados igualmente bien formados y curtidos le dicen al gobierno: nunca les ha interesado la gente de la Amazonía; no les han proporcionado los servicios básicos de calidad que garantiza la constitución para aliviar sus carencias y pobreza. Ahora se interesan en la zona, no para apoyar a sus nativos, sino para explotar sus recursos naturales, forestales, mineros, pesqueros o hidrocarburos, sin importarles lo que piensan los nativos del lugar.
Al discurso costeño occidental de Alan García que les dice “la riqueza de la selva le pertenece a todos los peruanos y no a los pocos nativos que viven allí” se opone el de los nativos que le dicen “la amazonía es una totalidad; los nativos viven, cazan y pescan abiertamente en estos territorios; la contaminación de los aires y ríos, la tala de los árboles, la destrucción del ecosistema los perjudica más allá de las hectáreas de tierra que se le reconocen como propias”.
Alan García, siendo presidente de todos los peruanos, abogado y guardián del estado de derecho, acusa a las Ongs y a los comunistas de conspirar contra el desarrollo del país, y sugiere que los nativos son incompetentes porque no entienden nada. Los nativos replican que los decretos legislativos del 2008 que los afectan no les fueron consultados como manda la ley internacional a través del convenio 169 de la OIT.
El gobierno de Alan García y el Congreso, pese a todos los asesores ilustrados que los rodean, no llegan a entender que de lo que se trata es aliviar la herencia cultural negativa que cargan los nativos (de estafa y exclusión) que se reedita cuando el gobierno inconsultamente promulga los decretos legislativos en mención.
El conflicto cultural tiene razones no tangibles para los limeños occidentales, algunas de las cuales son las siguientes:
1). La relación del nativo amazónico con la naturaleza como un todo que no puede desagregarse en limites terrestres –que incluyen el subsuelo, el bosque, rio, cielo, aves, animales para cazar o pescar, árboles para recoger los frutos, etc.
2). La evidencia de que muchas inversiones mineras o petroleras dañaron el sistema ecológico del que ellos se nutren y viven.
3). Históricamente, ellos han sido pobladores de toda la Amazonía y el estado los ha ido despojando a lo lago del tiempo.
Recuerdan cómo en la época de los caucheros se instauró un régimen de explotación y servidumbre sobre los nativos desamparados por un estado ausente. El miedo hizo que algunos grupos de indígenas abandonaran sus comunidades y huyeran a zonas más alejadas de la selva.
Al final, y tal como lo hemos presenciado ya con el moqueguazo, tocachesazo, arequipeñazo y ahora el amazonazo, la fórmula de parar, tomar carreteras y puentes para ser tomados en cuenta sí funciona, y habrá mesas de diálogo y algunos acuerdos con marcha atrás de ambas partes.
Esta situación me he dejado pensando ¿qué pasaría si a semejanza de los nativos, los padres de familia que tienen hijos en la escuela pública hicieran alguna acción llamativa (legal) abandonando la complacencia con la mediocridad? Después de todo, el gobierno ha desacatado sistemáticamente la obligación asumida por la constitución de garantizar una educación de calidad con equidad para todos los peruanos, y ha desconocido la exigencia del Proyecto Educativo Nacional asumido por el gobierno que establece un incremento anual del 0.25% del PBI para el presupuesto público de la educación.
Los hechos le enseñan a la población que en materia social el gobierno solo le hace caso a los grupos de interés que se movilizan en las calles con lo cual logran influir en la agenda político social. Qué lástima que el gobierno en lugar de ser proactivo y preventivo termine premiando estos métodos que afectan al estado de derecho y el libre tránsito de los usuarios de puentes y carreteras.
¿No se podría hacer la excepción en educación y cumplir con los compromisos sin tener que llegar al punto que la población explote?

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