jueves, 7 de enero de 2010

Provocación en la selva

Por: César Lévano
Columna del Director del Diario la Primera


En la zona de Bagua, el régimen de Alan García sigue provocando a la población y fomentando la violencia. Ayer, la Asociación Inter-étnica de Desarrollo de la Selva Amazónica Peruana (Aidesep) ha denunciado intentos represivos y hasta amenazas de muerte contra nativos.
El hecho más grave ocurrió en el distrito de Imacita. El alcalde de ese pueblo, Carlos Navas, ha señalado que hasta allí llegó un patrullero con seis policías, armados con AKM, con la orden de capturar dirigentes. El alcalde se negó a obedecer, en primer lugar porque la orden no estaba dirigida a él.
Un miembro del contingente policial dijo que los pobladores están contra la Constitución y la ley, y, puesto que habían matado policías, ellos estaban facultados por la ley para matarlos.
He ahí una directa amenaza de muerte, basada en la ley de impunidad dictada por García.
El alcalde ha expedido que en la zona se viven momentos de tensión y desesperanza.
Un factor puede ser la injusticia flagrante que se ha cometido con el nativo Asterio Wachapea Pujupat, a quien se acusa de haber participado en el asesinato y la desaparición del mayor PNP Felipe Bazán.
Un solo hecho basta para demostrar la inocencia de Wachapea: él no estuvo en el escenario de los sucesos. Permaneció en su comunidad en esos días.
Le endilgan la condición de alfabeto, con estudios de primaria y secundaria, siendo así que nunca ha pisado un aula, y sólo se comunica mediante traductores, puesto que técnicamente habla su idioma nativo. Es por eso que solamente respondió a tres de las 33 preguntas que le formuló la policía. No entendió el resto.
Pero el desmentido más contundente proviene del padre del mayor desaparecido. Para él, no corresponde a la verdad la afirmación del ministro del Interior, Octavio Salazar, según el cual están plenamente identificados los culpables de la muerte de Bazán.
Gustavo Campos, representante legal de la Comisión de Derechos Humanos, ha revelado que el peritaje atómico demostró, en junio de 2009, a pocas horas de la tragedia, que ninguno de los procesados había disparado armas de fuego. “Esto no significa”, ha aclarado el doctor Campos, “que los policías no murieron por armas de fuego, pero los que están procesados no dispararon ese día”.
Estos capítulos del drama revelan una verdad profunda: el gobierno está decidido a continuar la represión contra los nativos y sigue ignorando las realidades culturales de la población amazónica, entre ellas las lingüísticas.
Esa conducta se encuadra en las tesis que Alan García sostiene en su utopía reaccionaria “El síndrome del perro del hortelano”. Lo que él propugna es que los nativos dejen que los potentados se apoderen de sus tierras y pisoteen sus derechos, como él lo está haciendo desde el timón del Estado.

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