lunes, 15 de marzo de 2010

CUIDADO CON EL USO ELECTORERO DE RECURSOS PÚBLICOS

Los ciudadanos exigimos ahora, al partido de gobierno y a todas las agrupaciones que participarán en los inminentes comicios, una campaña limpia

Editorial El Comercio
Domingo 14 de marzo de 2010

Conforme avanza el calendario electoral y se empieza a calentar la campaña, diversos voceros partidarios, dentro y fuera del Congreso, han expresado su preocupación por el eventual abuso de recursos públicos que estarían haciendo algunas autoridades en ejercicio que postulan a la reelección en Lima y el interior.
Así, resulta intolerable que, luego de un largo tiempo de desidia e inactividad, recién ahora algunos alcaldes y presidentes regionales se lancen a hacer obras que, coincidentemente, serán terminadas y entregadas en las semanas previas a los comicios de octubre.
La misma advertencia vale para la propaganda y la publicidad electoral, cuyas partidas han aumentado visiblemente en los presupuestos municipales y regionales. No hay calle o pista donde no se plante un aviso con el nombre de la autoridad en ejercicio, a pesar de que ello está prohibido por la ley.
La contraloría es la entidad competente para investigar lo que algunos califican como presunta malversación de fondos. Efectivamente, corresponde a la entidad contralora vigilar el uso eficiente y adecuado de los fondos y de los bienes públicos, que deben destinarse a satisfacer el bienestar general de los ciudadanos y no ser orientados según los planes electorales de ninguna autoridad.
Sin embargo, la tarea corresponde también, de modo prioritario, al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que tiene que denunciar públicamente estos posibles abusos y hacer cumplir las normas vigentes para que la propaganda y la publicidad electoral se desplieguen con racionalidad, y sancionar a los infractores como corresponde, con multas de entre S/.108 mil y S/.360 mil.
En paralelo, la máxima entidad electoral debe redoblar esfuerzos para continuar con su programa Voto Informado y definir los compromisos que deberán asumir los partidos y movimientos con miras a suscribir el Pacto Ético Electoral (PEE), para las próximas elecciones regionales 2010 y generales 2011.
La adhesión de los partidos a dicho pacto sería una buena señal de identificación con los principios democráticos, que los electores apreciarán en su debida dimensión.
La premisa básica es que la obligatoria alternancia democrática se lleve a cabo con reglas de juego claras, en igualdad de condiciones para los participantes y con respeto pleno al elector-ciudadano.
Por lo mismo, ningún candidato puede usar los recursos públicos para su campaña, porque ello pondría en desventaja a los otros competidores. En cuanto a la campaña misma, todos los postulantes deben presentar sus planes de gobierno y someterse a debates públicos y alturados para que los electores tengan información suficiente y puedan analizarla antes de decidir y emitir su voto.
Los ciudadanos exigimos ahora, al partido de gobierno y a todas las agrupaciones que participarán en los inminentes comicios, una campaña limpia, equitativa y sin golpes bajos, que apele a la razón y no a los insultos ni a los ataques personales.

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