viernes, 26 de marzo de 2010

EL TC Y LOS CAUCES DE LA INSTITUCIONALIDAD DEMOCRÁTICA

Editorial del Diario El Comercio
Viernes 26 de marzo de 2010

Afortunadamente para el país, va retornando la cordura en el áspero debate que tiene como protagonista principal al Tribunal Constitucional (TC), tras su polémica decisión de mantener el arancel del 12% a la importación de cemento.
Es entendible la posición del Ejecutivo, que rechazó tal dictamen calificándolo como una interferencia e invasión de las prerrogativas constitucionales (art. 118), que lo facultan a gobernar, tomar medidas de política económica y, específicamente, a regular las tarifas arancelarias.
Sin embargo, como ha sido público, las cosas no quedaron allí, y se anunció un proyecto de reforma constitucional para limitar las funciones del TC, que hubiera sido peligroso para la institucionalidad democrática. Retirada esta propuesta, el nuevo ministro de Justicia (y ex miembro del TC), Víctor García Toma, a nombre del Ejecutivo, si bien concuerda con que la entidad constitucional ha actuado en algunos casos de modo errático, ha propuesto un debate objetivo y desapasionado al interior del Congreso, ya no para reformar el TC, sino para precisar sus atribuciones.
Eso es lo que corresponde. Como siempre, la razón nunca está en los extremos y menos cuando hay altas temperaturas emocionales: ni el TC puede arrogarse un estatus de poder público constituido, y menos invadir los fueros de estos ni pretender colocarse por encima de ellos; pero tampoco son procedentes ni saludables para la democracia las amenazas de intervenir abruptamente dicha entidad para recortar sus facultades.
En todo caso, el debate que se daría en el Congreso debe servir a los miembros del TC para analizar sus polémicas intervenciones, como la del arancel al cemento y otras, con una posición autocrítica y no confrontacionista. Por su parte la representación congresal debe promover un clima sobrio y exento de maniobras revanchistas o enjuagues politiqueros, sobre todo teniendo en cuenta que estamos ad portas de la elección de dos nuevos miembros del TC.
Definitivamente, por encima de cualquier eventual error de los actuales magistrados del TC —que también han tenido actuaciones sumamente positivas— no puede soslayarse la necesidad de preservar una institución que fue incorporada por la Constitución Política de 1979 y ratificada por la de 1993 como un instrumento trascendental e innovador del derecho constitucional para garantizar el respeto de los derechos humanos fundamentales y las garantías básicas constitucionales (Art. 202).
Entonces, la hoja de ruta debe darla la misma Carta de 1993, que precisa que corresponde al TC, primariamente, “conocer, en instancia única, la acción de inconstitucionalidad”, a lo que debe adecuarse la ley correspondiente y lo que deben entender los propios magistrados del TC para no exceder sus atribuciones interpretativas.
Sin embargo, como señalan los expertos, las leyes solo se deben modificar cuando sea estrictamente indispensable. Lo más pertinente y menos perturbador sería que el propio TC se autolimite y sepa decidir qué conoce y qué no, respetando escrupulosamente lo que dicen la Constitución y el orden normativo de la República.

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