martes, 20 de abril de 2010

EL CASO ISLAY Y EL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA

Por: José De Echave
Fuente:
CNR

La situación en Islay sigue siendo tensa y nuevamente ha quedado en evidencia la ausencia total de una estrategia desde el gobierno para enfrentar un conflicto complejo. Los argumentos son los mismos de siempre y se continúan negando las bases objetivas que explican los conflictos: no hay ni capacidad ni voluntad política para enfrentar el conflicto.

El pasado 16 de marzo, en nuestro comentario en CNR, señalamos que la situación en Islay se había complicado por la intención del Ministerio de Energía y Minas y de la empresa Southern Perú, de sacar a como de lugar las audiencias del Estudio de Impacto Ambiental. Afirmamos “no hay que ser adivino para pronosticar que la audiencia provocará el rechazo de la población”.

¿Cuáles son los temas que están a la base de este caso y de otros conflictos mineros y que deberían ser abordados en serio y a fondo? Aquí algunos temas:
* La ausencia de verdaderos mecanismos de consulta y participación para las poblaciones. Las audiencias públicas no son ni por asomo procesos reales de consulta ciudadana: estas audiencias son convocadas con un plazo insuficiente de días, pese a que los Estudios de Impacto Ambiental son documentos complejos de difícil comprensión para los pobladores. Todo ello provoca que no se den requisitos mínimos para una participación oportuna e informada.
* Además, no existe obligación alguna por parte de la autoridad competente de considerar los aportes que puedan haberse formulado en la audiencia pública. No hay ningún efecto vinculante en el proceso y la audiencia pública aparece solamente como un mecanismo de cumplimiento formal de requisitos técnicos preestablecidos.
* La manera como se siguen entregando concesiones mineras por todo el territorio nacional, sin que existan mecanismos adecuados de información a las poblaciones y autoridades locales, es insostenible. En Islay está concesionado más de la mitad de su territorio (ver mapa) y no se informa.
* La necesidad de organizar nuestro territorio con instrumentos de gestión como los planes de ordenamiento territorial y la zonificación económica y ecológica, para discutir en serio dónde si y dónde no minería.
* La necesidad de reforzar los instrumentos de gestión ambiental con nuevas políticas públicas, instrumentos e institucionalidad adecuada que acerque el Estado a las regiones.
* Los Estudios de Impacto Ambiental no deberían seguir estando en el ámbito de competencias del Ministerio de Energía y Minas. Esta situación genera desconfianza y todo indica que debería se competencia del Ministerio del Ambiente.

El caso de Islay y el proyecto Tía María es un claro ejemplo de un conflicto que se repite y que seguirá repitiéndose en el país mientras no se implementen los ajustes que se necesitan. Ojala que este conflicto se encamine por la vía del diálogo y la negociación y que al mismo tiempo se aborde la agenda de fondo que está a la base de los múltiples estallidos sociales vinculados a la minería.

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