sábado, 17 de abril de 2010

GOBIERNO Y REGIONES, EL RETO DE CRECER CON INCLUSIÓN

Los conflictos sociales tienen que evitarse, detectarse a tiempo y ser resueltos por la vía del diálogo y la inversión social responsable.

Editorial del Diario El Comercio

Nuevamente, salta a la vista la paradoja que agobia a nuestro país. Por un lado, vuelven las buenas noticias económicas, pero del otro lado persisten las malas noticias en conflictos sociales y pobreza.
En cuanto a lo primero, en febrero pasado ha crecido sorprendentemente la economía en 5,3%, impulsada por el avance del sector construcción, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). A ello se suman las expectantes previsiones de consultoras locales, así como imagen de estabilidad que proyecta nuestro país, lo que ha posibilitado positivos informes de las agencias calificadoras de riesgo, un flujo continuo de inversión local y foránea, y últimamente la colocación de bonos peruanos por 1.700 millones de dólares en el mercado internacional.
Eso es realmente alentador, sobre todo si miramos la situación de nuestros vecinos en la región, que siguen sufriendo de modo acuciante los estertores de la crisis internacional.
Sin embargo, la otra cara sombría de la moneda la dan los deplorables niveles de pobreza que subsisten principalmente en zonas altoandinas y rurales, así como los continuos y violentos conflictos sociales en varias localidades. Si bien detrás de esto último pudiera haber algún tipo de azuzamiento ideológico y politiquero por algunos grupos radicales, también es cierto que hay una innegable situación de atraso e indolencia, que no ha sido atendida ni subsanada debidamente por los gobiernos de los últimos años.
Por lo mismo, debemos insistir en la necesidad de mantener el modelo económico sí, pero haciendo los ajustes necesarios que cubran el déficit redistributivo y de inclusión social que reclaman con justeza los ciudadanos de todo el territorio.
La disciplina fiscal es importante y debe mantenerse, así como las políticas de apertura comercial y suscripción de más tratados de libre comercio que fomenten exportaciones y empleo. Igualmente, tiene que cerrarse la brecha en infraestructura, equivalente a 30 mil millones de dólares, y poner los medios para mantener la estabilidad política y jurídica que asegure nuevas inversiones en todos los ámbitos, sobre todo los de mano de obra intensiva.
No obstante, esto no es suficiente. El crecimiento de la macroeconomía debe correr paralelo con objetivos de inclusión social, que no pueden limitarse al apoyo social directo a los más pobres, sino en políticas públicas permanentes que impulsen educación, salud y nutrición, sin caer en excesos populistas ni proselitistas.
Y si al sector privado toca reafirmar sus compromisos de ética y responsabilidad social, la labor del Estado tiene que ser asumida por el Gobierno Nacional junto con los gobiernos regionales. A estos se ha transferido un gran porcentaje de funciones, competencias y recursos, que muchas veces no utilizan por indolencia o incapacidad para implementar proyectos técnicos, lo que pone en riesgo el objetivo descentralizador y atiza la confrontación.
Como bien advierte la Defensoría del Pueblo, los conflictos sociales tienen que evitarse, detectarse a tiempo y ser resueltos por la vía del diálogo y la inversión social responsable. De lo que se trata finalmente es de afirmar la senda del desarrollo económico, de modo que sus beneficios sean percibidos por las mayorías. Ese es el reto del actual y de los futuros gobiernos.

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