jueves, 6 de mayo de 2010

CELULARES Y CRIMINALIDAD: QUEDA MUCHO POR HACER

Es interesante que las empresas de telefonía móvil hayan iniciado campañas para instar a los usuarios de celulares prepago a registrar y actualizar sus datos.

Editorial Diario El Comercio

Según todas las encuestas, la inseguridad ciudadana es una de las principales preocupaciones en todo el país, junto con la corrupción y la inestabilidad laboral. Sin embargo, hasta ahora el problema no es abordado frontalmente por el Gobierno y las autoridades involucradas, mientras la ola de criminalidad amenaza con extenderse y hacerse más violenta.
De momento, es interesante que las empresas de telefonía móvil hayan iniciado campañas para instar a los usuarios de celulares prepago a registrar y actualizar sus datos, como una medida orientada a frenar a las mafias de secuestradores, chantajistas, estafadores y extorsionadores que operan principalmente desde los penales. Se calcula que existen unos 4 millones de teléfonos celulares sin titular identificado, por lo que la iniciativa no debe limitarse solo a Trujillo, Piura y Cajamarca, sino que debe extenderse a todo el territorio, con masivas campañas de publicidad y la activa participación de los medios de comunicación.
Dos aspectos deben recalcarse en dicha campaña: el primero es que, según ha determinado Osiptel, la actualización de datos es obligatoria; y luego, que a partir del próximo 30 de junio, las líneas que no hayan sido registradas por sus titulares serán desactivadas. No obstante, siendo esto un paso positivo, es ciertamente insuficiente ante la magnitud de un problema que amenaza peligrosamente con desbordarse. Como hemos llamado la atención recientemente desde esta misma columna, lo que se necesita urgentemente es un plan integral contra la violencia urbana, que debe ser multidisciplinario y, teniendo como ejes los ministerios del Interior y de Justicia, incluya también sectores cruciales como el Poder Judicial, el Ministerio Público, los alcaldes provinciales y los presidentes regionales, así como al sector Educación y representantes de la sociedad civil.
Eso es lo que reclama la mayoría ciudadana, hastiada de secuestros de todo tipo, robos a domicilios, extorsiones y estafas telefónicas, así como un justificado y generalizado temor a ser violentado en su propiedad, su integridad y hasta su vida.
Del otro lado, son pocas las mafias que han sido desarticuladas, y algunas veces los pocos delincuentes capturados son liberados sospechosamente por fiscales o jueces venales, que no miden las terribles consecuencias de su mala conducta. No se trata aquí solo de poner en práctica el Código Procesal Penal, sino de denunciar y castigar estas maniobras corruptas, en lo que tienen una grave responsabilidad la Oficina de Control de la Magistratura y el Consejo Nacional de la Magistratura, cuyas resoluciones sancionadoras deben hacerse públicas.
Con la misma preocupación, tenemos que advertir que la ciudadanía sigue a la espera de un pronunciamiento del nuevo ministro de Justicia sobre la reorganización de penales, desde donde se planifican la mayoría de secuestros y extorsiones. Se ha trasladado a algunos cabecillas, pero quedan otros haciendo de las suyas, a veces con la complicidad de malos funcionarios. ¿A propósito, dónde quedó el anuncio de componer y poner a trabajar los sistemas de desactivación de celulares en las cárceles de mediana y alta seguridad? Una medida como esta no puede esperar más. Como puede verse, queda mucho por hacer.

1 comentarios:

Anónimo dijo...

lo mejor seria tener un listado de fotos con los delincuentes para poder identificarlos cuando a uno se le acerque , caso similar hay en Usa con los pederastas cuyas fotos se encuentran en internet y no pueden salir a otro estado sin que la policia lo sepa., asi tal vez podamos estar protegidos y q esta gente no este suelta en plaza como si nada