jueves, 4 de noviembre de 2010

ESTADO, FISCALIZACIÓN Y NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN

Fuente: Diario EL Comercio

El contralor general de la República, Fuad Khoury, ha hecho un severo llamado de atención que debe ser asimilado por las autoridades salientes y entrantes, tras los recientes comicios municipales y regionales.
Ha subrayado la necesidad tanto de nuevos modelos de gestión como de fiscalización y control de la gestión pública. De allí que las autoridades que elegimos periódicamente para administrar el Estado, que nos pertenece a todos, tienen que innovar para buscar la eficiencia en el uso de los recursos, y someterse a la vigilancia de los ciudadanos y de los organismos que provee el mismo aparato estatal, el principal de ellos la Contraloría General de la República.
En cuanto a gestión pública, según el funcionario, tenemos un atraso ¡de por lo menos 30 años!, por lo que recobra vigencia la tan vapuleada y postergada reforma del Estado. Pero, en tanto se retoma este proyecto, los responsables de los gobiernos locales y regionales deben publicar urgentemente sus memorias de gestión, con todos los detalles relativos a operaciones, obras, administración, financiamiento, concesiones y acciones internas de control, todo lo cual debe ser validado por la contraloría.
A propósito de las propuestas de contratar a entidades privadas para auditar alguna gestión edilicia, Khoury ha sido enfático al señalar que ello sería improcedente, pues la contraloría es la única entidad encargada de hacerlo en el sector público, con imparcialidad, oportunidad y por encima de cualquier interés adjetivo. Así lo estipula la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República.
Por lo mismo, si se considera que hay modalidades de financiamiento externo, visadas por organismos internacionales, que merecerían un control especializado, esto debe correr a cargo también de la misma contraloría, también para evitar cualquier suspicacia o sesgo de parcialidad.
Sin embargo, debemos admitir que la tarea es ardua y monumental. Así lo evidencian los esquemas de corrupción denunciados en las últimas décadas y no suficientemente sancionados; las iniciativas que quedaron a medio camino (como los zares anticorrupción); y las nuevas exigencias que se lanzan con bombos y platillos, pero que luego son desactivadas por la propia burocracia indolente que se resiste a cambiar el statu quo (como los portales web de transparencia).Eso no es todo. A la falta de capacidad de muchas regiones para ejecutar y administrar sus recursos, sobre todo los que provienen del canon (como en las regiones Áncash y Cajamarca), se suman graves denuncias de corrupción, que los organismos contralores han detectado, pero no pueden sancionar, pues están atados de manos legalmente para hacerlo.

¿Qué hacer? Como advierten los expertos, el Perú vive un auspicioso proceso de crecimiento macroeconómico que podría catapultarnos al Primer Mundo, pero que puede abortar miserablemente si no erradicamos las prácticas de corrupción que infestan el aparato estatal, causan pérdidas por aproximadamente 8 mil millones de soles y ahondan la pobreza extrema en los sectores que la sufren.
El Poder Ejecutivo y el Congreso no pueden sustraerse a su responsabilidad, tanto de revisar y ejecutar eficientemente las políticas de gestión pública como de auscultar las normas de fiscalización y control, de modo que se dote a la contraloría de los presupuestos, logística e instrumentos legales para fiscalizar, denunciar y sancionar, informando permanentemente a la ciudadanía, sobre todo lo relativo a la gestión del Estado.

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