sábado, 27 de noviembre de 2010

PERÚ 2010: MÁS CRECIMIENTO Y MÁS DELINCUENTES

Otra Mirada publica el suplemento No.15: “Seguridad ciudadana: más democracia que mano dura”. Te invitamos a leerlo y debatir su contenido con tus compañeros y amigos. Aprovechamos para darte un adelanto del mismo.

Fuente: La Otra Mirada

A contrapelo de los optimistas anuncios de logros económicos, en los últimos meses del gobierno de Alan García la población percibe que vive en un país más inseguro que hace cuatro años. Más aún, en el 2010 somos el país con el más alto nivel de percepción de inseguridad ciudadana en América (53.8%), por delante de Argentina (52%) y El Salvador (49.7%). Y una serie de indicadores corroboran que, en efecto, hoy los peruanos estamos más expuestos a la violencia y al delito en nuestra vida cotidiana. Somos también el país con el mayor nivel de victimización en América (31.1%), por delante de Ecuador (29.1%) y Venezuela (26.2%)¹.
Las soluciones que propone el gobierno aprista han sido tardías y reflejan una falta de comprensión de la naturaleza de estos problemas que afectan nuestra vida cotidiana. En la práctica, no hay una política nacional de seguridad ciudadana. Más armas, patrulleros y tecnología sólo pueden ser realmente efectivas si se ponen a disposición de instituciones fuertes y con valores democráticos que responden a las necesidades de la ciudadanía. Sin cambios de fondo en las instituciones clave como la Policía Nacional y los municipios, se sigue con un enfoque represivo y autoritario que no rinde frutos.
Gran parte de este alarmante aumento en la inseguridad se explica sobre la base de la continuación de un modelo de crecimiento económico que niega derechos sociales fundamentales, entre ellos el derecho al trabajo decente. Millones de peruanos viven en situaciones de pobreza, marginación, falta de acceso a los servicios básicos y subempleo a pesar de los años de crecimiento sostenido. Entonces, un cambio de rumbo en el modelo de desarrollo es condición fundamental para que haya una mejora sostenible en nuestra seguridad. No es coincidencia que las zonas más pobres sean las que perciben mayor inseguridad, y que las zonas rurales, donde la pobreza es extrema, sean justamente las que menos atención han recibido para sus necesidades muy particulares de seguridad.
Sin embargo, la prevención y control de la gran mayoría de delitos que afectan nuestra calidad de vida son también responsabilidad directa de las autoridades locales. A diferencia de la defensa nacional y el orden interno, campos en los que se requiere de acciones de carácter nacional, la seguridad ciudadana tiene que ver con las particularidades y el “día a día” de cada distrito y provincia. Los expertos coinciden en que la seguridad ciudadana debe ser de carácter netamente preventivo. Para lograrlo, debe existir una estrecha colaboración y un clima de confianza entre la autoridad democrática (el alcalde y las autoridades municipales), la policía (comisario) y la sociedad civil organizada.Lamentablemente, estamos lejos de una situación de estrecha colaboración y confianza. Los marcos legales no dejan claro quién es responsable finalmente de garantizar la seguridad de las comunidades. Los municipios tienen gerencias de seguridad ciudadana pero carecen de los recursos humanos y financieros necesarios. La mayoría sólo ofrece al serenazgo como respuesta, en lugar de optimizar su relación con la policía y la sociedad civil organizada. La reforma policial ha sido postergada por los últimos gobiernos, que sólo atinan a anunciar cambios cosméticos. Es decir, no se ha procedido con los cambios que produzcan una institución más eficaz y capaz de ganarse la confianza de la comunidad.

La seguridad ciudadana, entonces, es un problema urgente que concierne tanto a las autoridades nacionales como locales, y en los dos niveles se ha registrado una preocupante irresponsabilidad e inacción. Cambiar de enfoque involucra cambios en una serie de instituciones nacionales y su sostenibilidad en el largo plazo requiere de cambios en un modelo de desarrollo excluyente. Las perspectivas de mejora también dependen de los avances en la descentralización y el fortalecimiento de gobiernos distritales y provinciales, así como del manejo integral de las áreas metropolitanas. Para avanzar, precisamos avanzar en la democratización de la sociedad y las instituciones públicas, no en los enfoques represivos y las visiones autoritarias.

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