viernes, 10 de junio de 2011

LOS INTERESES DE LA SEGURIDAD CIUDADANA EN EL PERÚ

Por: Hugo Müller Solón
Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos

mullerabogados@hotmail.com

Vemos con preocupación que frente a la inseguridad y la violencia que nos agobia a los peruanos y peruanas - que nos ubica en el primer lugar entre 26 países por tener los niveles más altos en percepción y victimización de la delincuencia, conforme ha informado la Encuesta “Barómetro de las Américas” en su edición 2010- nuestros gobernantes actuales se empeñan en seguir utilizando procedimientos obsoletos, medianamente eficaces en otros tiempos, pero no ahora en que el contexto nos presenta nuevos y diferentes escenarios de la criminalidad.
Evidentemente tenemos una gobernabilidad, - felizmente ya de salida -, que no tiene la capacidad suficiente para encontrar mejores soluciones y que ante su ineficacia suele decirnos en diferentes tonos, que con más recursos y más policías en las calles se resuelve el problema pero al final de la inversión y de mayor presencia policial el problema sigue igual o peor que antes. Es innegable que el problema de la criminalidad y la violencia es un asunto de gobernabilidad y lo urgente es detener la creciente inseguridad que cada día parece más incontrolable, pero además, es importante que los gobernantes (gobierno central y gobiernos locales) incluyan entre sus funcionarios a asesores y expertos en seguridad y violencia, algo que no parece importarle mucho a la actual administración.
Pero el problema va más allá de la contratación de los expertos porque si bien es cierto muy poco se puede hacer cuando no se sabe qué hacer, menos resultados y logros habrán cuando no se quiere cambiar la manera de hacer las cosas y peor aún, cuando de por medio existen intereses individuales o determinadas orientaciones de trabajo dirigidas a satisfacer planteamientos o propuestas políticas y/o personales. Por ejemplo si el objetivo principal de la policía es velar por la tranquilidad de los ciudadanos, defender las garantías y el cumplimiento de las leyes, entonces, ¿Por qué el ciudadano desconfía de la policía?; la razón es que las estrategias para disminuir la delincuencia han venido dejando de lado deliberadamente, la relación tradicional del policía con la comunidad, asi como la satisfacción de sus necesidades y requerimientos, porque actualmente otros son los intereses de la seguridad ciudadana.
Basta con observar el comportamiento de los policías en las calles mostrando indiferencia frente al entorno que los rodea y un perfil eminentemente reactivo frente al delito es decir intervienen después que el delito se ha cometido y detienen a las personas cuando se encuentran requisitoriadas o cuando han sido sorprendidas en flagrante delito. Ese es el modelo del Policía del Siglo XXI que el Perú tiene hasta la fecha y frente a la incapacidad de la gobernabilidad para elaborar políticas públicas contra el crimen, es el mismo Poder Ejecutivo a través de su Ministro del Interior, quien aparece tratando de explotar al máximo los resultados represivos del trabajo policial con el objeto de resaltar la imagen del partido político gobernante. No se privilegia la prevención del delito porque no permite titulares sensacionalistas, no obstante es la principal función de la policía en el Perú y en las policías de todo el mundo. El verdadero interés de la seguridad ciudadana es maquillar la incapacidad del Gobierno utilizando a la Policía en actividades que le den imagen, que ocupen titulares, que generen polémica y que demuestren la capacidad represiva del gobierno frente a la delincuencia; todo ello seguido de un discurso político mediático, para generar en la población el convencimiento de que la gobernabilidad trabaja eficientemente, pero que la delincuencia requiere mayor mano dura.

El resultado de esta manipulada imagen policial que tergiversa los reales intereses de la seguridad ciudadana, lo observamos en una encuesta nacional realizada por Ipsos/Apoyo en diciembre 2009, el 47% de peruanos encuestados estuvo de acuerdo con la existencia de escuadrones de la muerte que eliminen a los probables delincuentes. El nivel de recelo es tal, que se aprueba la gestión policial solo en función de logros objetivamente puestos a la vista y si no los hay se exige mayor trabajo, más policías, más apoyo logístico, endurecimiento de leyes, etc., con lo cual se le hace el juego perfecto a la ineficacia y a la incapacidad de la gobernabilidad, quienes de esa manera han encontrado la fórmula perfecta para justificar sus falencias. Ultimadamente los comandos policiales tratando de justificar sus ineficientes resultados frente a la criminalidad, hasta suelen responsabilizar al nuevo Código Procesal Penal aduciendo que limita el trabajo policial, lo mismo que a las autoridades locales por no apoyar a la policía; ese es el juego, siempre habrá que encontrar a quien culpar para encubrir los verdaderos intereses de la Seguridad Ciudadana. Círculo vicioso del cual todos esperamos poder salir con el próximo Gobierno.

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