viernes, 17 de junio de 2011

HABLEMOS CLARO SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA

Por: Hugo Müller Solón
mullerabogados@hotmail.com
Coronel PNP ® - Abogado
Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos

A pocos días para que el señor Alan García deje de ser Presidente de la República y entregue el mandato a su sucesor el señor Ollanta Humala, hablemos claro sobre Seguridad Ciudadana. La seguridad ciudadana es un problema de Gobernabilidad. Es un compromiso de todos los peruanos pero es responsabilidad del Estado representado por el Presidente de la República, el mismo que hasta la fecha ha venido demostrando ausencia de capacidad para diseñar políticas públicas contra la criminalidad. No existe una Política Criminal que defina la estrategia del Estado para prevenir los hechos violatorios de la legislación penal en nuestro país, mucho menos una Política contra la Criminalidad que determine las competencias encaminadas a librar a la población de la delincuencia, el temor y la inseguridad.

El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana (Ley N° 27933), que preside el Ministro del Interior debe desarrollar una acción integrada, con la colaboración de la ciudadanía, destinada a asegurar su seguridad, la convivencia pacífica, la erradicación de la violencia y la utilización pacífica de las vías y espacios públicos, pero no lo hace. Del mismo modo, debe contribuir a la prevención de la comisión de delitos y faltas, pero deja esta responsabilidad a la Policía. Este organismo del Estado se ha convertido en una ficción, un monumento a la burocracia ineficaz, incompetente y sin capacidad de liderazgo, que ha reconocido en su Plan Nacional de Seguridad Ciudadana 2011 que de los 1,858 Comités de Seguridad Ciudadana existentes a nivel nacional solo se ha logrado Juramentar el 29%. El Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana no ha sido capaz de diseñar, sistematizar ni definir estrategias, objetivos y responsables en materia de Prevención de la Delincuencia y de Prevención del Delito, lo que de haberlo hecho en la práctica hubiera significado menos delincuentes, menos delitos.

Las autoridades locales, Alcaldes en particular, a quienes se les ha dado la responsabilidad de la Seguridad Ciudadana, son responsables a través de los Comités de Seguridad Ciudadana, de investigar, estudiar y analizar los problemas de Seguridad Ciudadana para formular, ejecutar y controlar los planes, programas y proyectos de Seguridad Ciudadana en sus respectivas jurisdicciones. Son los representantes de la población y portavoces de sus requerimientos, por lo que deben dar los lineamientos generales para prevenir la delincuencia, los delitos, faltas y garantizar la Seguridad Ciudadana, en coordinación con todos los operadores del Sistema, pero en la práctica los Comités de Seguridad Ciudadana o no existen o se encuentran a cargo de Secretarios Técnicos inexpertos que no saben qué hacer ni cómo hacer. Esta situación que pudiera revertirse prefiere optar por medidas facilitas y populistas, ofreciéndose públicamente destinar el presupuesto disponible para dotar con mayores recursos o comprando los servicios policiales de los efectivos de la Policía Nacional como supuesta solución a la problemática de la inseguridad. Pero el problema sigue igual o peor.

La Policía Nacional, dependiente del Ministerio del Interior, demuestra ineficacia tanto en la prevención como en la investigación del delito. En el primer caso utilizando técnicas y estrategias eficaces en tiempos pasados, pero que frente a nuevos escenarios delincuenciales ya no lo son. En el segundo caso, no han sido capacitados adecuadamente para participar activamente en la persecución del delito en concordancia con el Código Procesal Penal. Como resultado de esta situación - responsabilidad del Ministro del Interior y del Director General de la Policía Nacional -, en cuanto a la prevención del delito tenemos una Policía eminentemente reactiva, alejada del ciudadano y desfasada de la realidad criminal; con respecto a la investigación del delito, no realiza sus procedimientos en concordancia con la nueva ley, contamina las evidencias y lo que es peor, desconoce sus propias atribuciones y el rol que le compete en el nuevos sistema penal acusatorio. Los altos mandos policiales no vienen demostrando interés ni voluntad de cambio, debido básicamente a un precedente cada vez más acentuado: La politización de la organización policial que ha puesto al servicio del gobernante de turno los intereses de la Seguridad Ciudadana; y por supuesto, la corrupción.

La Participación Ciudadana se ha minimizado.
La población desea participar en la aplicación de medidas para su propia Seguridad y por ese motivo se organiza en las denominadas Juntas Vecinales de Seguridad Ciudadana, las cuales siguen siendo vistas como entes dependientes, colaboradores y de apoyo de la Policía. No se les capacita adecuadamente, no se les inviste de la responsabilidad de análisis y diagnostico de sus propias problemáticas, no se les ayuda a solucionar problemas de convivencia susceptibles de mejorar, no se les enseña a ser fiscalizadores del trabajo de las autoridades y responsables de la Seguridad Ciudadana, por el contrario se les mantiene al margen de las decisiones y soluciones de sus propios requerimientos y hasta se les manipula y utiliza para los fines políticos de la Seguridad Ciudadana.

Gobernabilidad.
Confío en la buena predisposición del señor Ollanta Humala para solucionar los expertos, especialistas y experiencias exitosas que se encuentran en marcha y con criterio innovador y técnico. De ser necesario deberá modificarse lo que sea necesario para lograr un auténtico cambio. Confío en el nuevo Gobierno y en la predisposición de cambio de las autoridades civiles y policiales.

Algunas Propuestas.
Entre las muchas propuestas concretas que estudiosos y entendidos plantean continuamente para mejorar la gobernabilidad en nuestro país de tal manera que la Seguridad Ciudadana recupere credibilidad y mejore la convivencia, la seguridad y la tranquilidad de las personas mencionemos solo algunas que tienen que ven con la intervención de la Policía Nacional en el problema de la inseguridad ciudadana: El Gobierno debe definir previamente una Política Criminal de Prevención del Delito que defina la estrategia del Estado para prevenir los hechos delictivos y una Política contra la Criminalidad que determine las competencias de los organismos responsables. El Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y todos sus componentes, deben prevenir la delincuencia (Prevención Social) para que existan menos delincuentes; la Policía Nacional debe dedicarse exclusivamente a la prevención del delito (Prevención Situacional) para que exista menos delitos y establecer los mecanismos de coordinación y/o reingeniería correspondientes para que sus elementos especializados en investigación y criminalística apoyen decididamente al Ministerio Público en su responsabilidad funcional de investigar el delito. La prevención del delito no se puede hacer a ciegas, es necesario la creación de Observatorios del Delito a nivel nacional, los cuales no deben estar a cargo de la Policía, sino de los Comités Provinciales de Seguridad Ciudadana; por su parte el trabajo preventivo de la Policía, debe basarse en un nuevo modelo actitudinal y funcional, de tal manera que los responsables se sientan comprometidos y corresponsables de la seguridad en el lugar donde sean asignados. Este nuevo modelo denominado en la experiencia internacional, Policía Comunitaria (Ecuador, Bolivia, Brasil), Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (Colombia), Plan Cuadrante (Chile) solo por mencionar a los países limítrofes con el el nuestro, tiene como principal característica la presencia de un Policía de nuevo tipo: Vigilante, disuasivo, conciliador, proactivo, reactivo, represivo.

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