miércoles, 15 de junio de 2011

PROTEGER EL LEGADO DE LA DEFENSORÍA

Por Eduardo Vega Luna (*)
Fuente: Diario La República

El Congreso de la República tiene la responsabilidad de elegir a un nuevo Defensor del Pueblo. Esta elección siempre ha sido trascendental para la vida del país, pues con ella se procura designar al responsable de dirigir una institución cuya misión es garantizar el respeto de los derechos humanos y la supervisión de la administración estatal, en representación de la ciudadanía.
Por este motivo, el Congreso debe elegir a una persona que goce de conocida reputación de integridad e independencia, tal como lo establece la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. Estos son valores medulares que debe cumplir quien aspire a ejercer el cargo, a fin de garantizar el efectivo cumplimiento del mandato conferido por el artículo 161 de la Constitución Política del Perú.
En este marco han ejercido su mandato los tres Defensores que ha tenido nuestro país en los casi 15 años de existencia de esta institución. Si tuviésemos que destacar algunos de sus numerosos aportes, podríamos señalar que a Jorge Santistevan le correspondió sentar las bases institucionales de la Defensoría del Pueblo, contribuir decididamente a la recuperación de la institucionalidad democrática del país y atender a la situación de los inocentes en prisión.
Por su parte, Walter Albán encaró el desafío de llevar a la institución al interior del país y, en democracia, contribuyó decididamente a la lucha contra la corrupción y la búsqueda de la verdad, así como a las prácticas de buen gobierno.
A su turno, Beatriz Merino consolidó la Defensoría prestando especial atención a la lucha contra la exclusión y la discriminación, la incidencia en la prevención y la gestión de los conflictos sociales, en la seguridad ciudadana, así como en la protección de la niñez, el medio ambiente y los pueblos indígenas.
La labor de la Defensoría del Pueblo se evidencia en la atención directa de las personas que han visto vulnerados sus derechos fundamentales. En los últimos seis años se ha atendido a más de 600.000 personas y se han restituido sus derechos en más del 85% de los casos. Los responsables de las 38 oficinas distribuidas por el territorio nacional visitan periódicamente los 300 distritos más pobres, recogiendo las necesidades y demandas de la población más vulnerable del país. Esta es la base de la confianza y la legitimidad que ha logrado la institución.
Si bien la tarea de mantenerse cerca del ciudadano para defender sus derechos es clave porque “no hay defensor sin queja”, el ombudsman está en la obligación de permanecer atento a la agenda de la realidad y contribuir a que las instituciones de la democracia no naufraguen en la ineficiencia, la corrupción o el centralismo. La mejor manera de defender derechos consiste en cuidar que el escenario mayor de las decisiones sea siempre transparente, respetuoso de las leyes y con un acento especial en los graves problemas sociales que aún aquejan a millones de peruanos y peruanas.
El trabajo de la Defensoría del Pueblo ha sido posible en razón de la probada independencia y autonomía de sus titulares, así como de la mística y capacidad profesional de sus comisionados, comisionadas, personal administrativo y colaboradores. Este es un legado que nuestra República y la sociedad deben fortalecer y preservar, una responsabilidad que debe compartir cada uno de los miembros del Congreso de la República.
(*) Defensor del Pueblo (e).

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