viernes, 15 de julio de 2011

CÓDIGO PROCESAL PENAL Y LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Por: Hugo Muller (*)
mullerabogados@hotmail.comm

Es frecuente oír decir a algunas autoridades del Gobierno y en particular a los altos mandos policiales, cuando tratan de justificar las inútiles acciones gubernamentales y la ineficacia de la gestión policial, frente al mayor incremento de la inseguridad ciudadana, que el nuevo Código Procesal Penal (CPP) es la causa principal del aumento de la criminalidad. Algunos expresan su preocupación de que el CPP no permita que durante el proceso penal, todas las denuncias lleguen a la etapa de juzgamiento, por ser resueltas mediante salidas alternativas con beneficios de reducción de la pena a favor del imputado; otros consideran que el CPP ha limitado el ejercicio de la función policial frente al delito y que las personas detenidas de acuerdo a la ley son muchas veces puestas en libertad iniciado el proceso penal. Es realmente preocupante el desconocimiento que en estos altos niveles de Gobierno y de la administración policial se tiene, por decirlo de alguna manera, en lo referente a la reforma procesal penal y el nuevo sistema de administración de justicia, pero más aún en lo concerniente al rol de la Policía en la Investigación Criminal conforme a las reglas del CPP.
Es necesario comprender que por el hecho que una persona quede en libertad durante el proceso, no necesariamente implica que no será juzgado y condenado si existe la convicción y la prueba suficiente para ello. También podría darse el caso que esta libertad se de cómo consecuencia de una detención no llevada a cabo legalmente. Por otro lado las salidas alternativas no significan que el imputado no sea objeto de una condena y/o el pago de una reparación civil a favor de la víctima como en el caso de la aplicación del Principio de Oportunidad o del Proceso de Terminación Anticipada, mas aun en todos los casos, estas salidas alternativas cuentan con la aprobación y aceptación del agraviado.
Claro si queremos seguir viendo la administración de justicia con mentalidad inquisidora como al parecer lo desean ver algunas autoridades, para no verse abrumados por el problema sin resolver de la inseguridad ciudadana, todas las personas imputadas debieran estar presas y confinadas en las cárceles sin salir de por vida, para asi liberarse del clamor popular que demanda a sus autoridades mayor seguridad; pero de ser así se olvidan en primer lugar que vivimos en democracia y en estado de derecho, y que existe un nuevo sistema penal cuyo fin último es alcanzar la justicia pero con pleno respeto por los derechos humanos de victimas e imputados y tenemos que cumplirlo; en segundo lugar encarcelar a los que delinquen no resuelve el problema, porque detrás del que ingresa a la cárcel, otro ser humano esta en las calles iniciándose en la delincuencia; las cárceles no resuelven el problema de mayor criminalidad, otros son los factores que lo motivan, en particular de índole social, familiar y económico.
Decir que el nuevo CPP, limita a la Policía en su labor de prevenir o investigar el delito es una imperdonable falacia mal intencionada que le hace mucho daño a la Institución Policial, mas por el contrario, la norma procesal penal le otorga una serie de nuevas herramientas de trabajo que si se utilizaran conforme lo establece la ley, la harían mucho más eficaz frente al delito. Lo realmente cierto, es que en la Policía Nacional del Perú predomina increíblemente una cómoda cultura conservadora de resistencia al cambio en todo orden de cosas y quizás sea este el motivo por el cual se viene demostrando hasta la fecha, falta de interés por capacitar a los policías o por desarrollar una reingeniería policial que adecue a la Institución Policial al nuevo sistema penal. La estructura organizacional, sus estrategias, sus técnicas, sus procedimientos, sus procesos, todo se mantiene inalterable, a la espera probablemente que el nuevo CPP se derogue o se modifique, como se suele expresar.

Cuando hace 22 años se produjo la unificación de las Fuerzas Policiales para dar paso a la creación de la Policía Nacional, cada Institución (Policía de Investigaciones del Perú, Guardia Civil del Perú, Guardia Republicana del Perú) se incorporó en la nueva organización policial con su misma forma de trabajo y estructura; finalmente la nueva Institución Policial se adaptó a la estructura organizacional de la Guardia Civil vigente desde 1922 y esa es la que sigue manteniendo hasta la fecha, con algunas mínimas modificaciones, que más que nada obedecen a cambios de nombre. Se siguen utilizando los mismos procedimientos para prevenir el delito que en su momento y oportunidad fueron muy eficaces, pero ya no en escenarios y problemas distintos como es ahora, por ese motivo las acciones de prevención que utiliza la Policía no dan resultados. Sus métodos y procedimientos, lamentablemente cuesta decirlo, pero son obsoletos. La Policía no se ha modernizado.
Por otro lado, no obstante que la modernidad en la Investigación Criminal si ha llegado para la Policía Nacional con el nuevo CPP, este ha sido inmediatamente rechazada por las altas autoridades policiales quienes no conciben aperturar el “secreto y la reserva” con la que se ha mantenido el sistema policial de la Investigación Criminal que ha regido durante los últimos 80 años, mucho menos dar paso a una cultura de reconocimiento del Fiscal como director de la Investigación y a quien le corresponde coordinar e impartir disposiciones a la Policía Nacional, verificando los resultados logrados por esta en materia de Investigación Criminal. Además, tampoco conciben que sea el Policía, en el caso que se llegue a la etapa procesal del enjuiciamiento, el testigo en juicio de la fiscalía.
Específicamente en los lugares donde ya se viene aplicando el CPP se ha observado que la Policía aún no se acostumbra a investigar de acuerdo a lo que pide el Fiscal sino que tienden a seguir actuando “según su criterio", calificando jurídicamente los hechos y estableciendo responsabilidades penales en los investigados, no obstante prohibiciones al respecto; si bien en algunos lugares se ha dado la conformación de lo que debería ser un equipo de trabajo y el desarrollo del programa metodológico o estrategias de Investigación, los Policías aún no han comprendido la dinámica propia de un sistema penal acusatorio y siguen pensando que el Fiscal los limita, los restringe, les quita iniciativa; ellos aprendieron que con el Atestado Policial son los protagonistas de las decisiones judiciales y en lugares como en Lima, aún tienen ese reconocimiento con sentencias fundamentadas en dicho documento policial. El cambio de mentalidad no se ha producido, porque no ha existido ni existe hasta la fecha una autentica y decidida capacitación a los Policías dirigida desde su propio comando.
El problema real desde mi punto de vista, es que a nivel del Ministerio del Interior y de la propia Policía Nacional no se quiere enfrentar el nuevo Paradigma de la Investigación Criminal, unos por no saber como hacerlo, otros porque les resulta más cómodo seguir siendo conservadores y por supuesto un tercer grupo porque no quieren perder uno de los principales instrumentos de la corrupción policial denominado Atestado Policial, con lo cual muchas veces se le ha puesto precio a la honra, la dignidad y a la libertad de las personas. Pero lamentablemente para los corruptos, ese retroceso esperado es imposible que llegue porque el nuevo sistema penal ya ha cambiado. Las actividades investigativas que realizan la Fiscalía y la Policía e igualmente la obtención de los elementos materiales o evidencias físicas, no se vislumbran ahora con documentos como el Atestado Policial ni con aparentes pruebas que por si solas no lo son, mientras no sean presentadas y debatidas en un juicio público y oral, en donde serán sometidas a la apreciación critica de un Juez o un colegiado. Esto es todo un campo problemático difícil de entender para los propios Policías que no son entendidos en la materia, si es que no se cuenta con una base de conocimientos doctrinarios e ideológicos que solo se puede obtener a través de la capacitación. Y es que de primera intención es común pensar que en nuestra Policía Nacional hay especialización en Investigación Criminal, es decir, Policías profesionales formados, capacitados, entrenados y especializados, sin embargo desde hace 22 años no existe tal especialización y solo la concepción errónea (teórica y práctica) en el sentido que todos los Policías al egresar de las Escuelas de Formación de la Policía están capacitados para efectuar una investigación sobre la comisión de un delito. La realidad nos demuestra lo contrario y ello genera la materialización de deficientes investigaciones que realiza la Policía Nacional, con los problemas éticos y de falta de honestidad antes mencionados. Hoy en día son muy pocos los ya veteranos Policías procedentes de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP) que aún permanecen en el servicio activo, ellos si fueron formados como investigadores del delito aunque bajo una concepción ideológica del formato inquisitivo, pero con la personalidad y la vivencia del autentico investigador policial que ya no existe en la Policía Nacional lamentablemente por decisión política. En la realidad internacional cercana a nuestro país, tenemos que en Chile, la Policía de Investigaciones de Chile se ha adaptado perfectamente al nuevo sistema procesal penal y trabaja de manera coordinada con los Fiscales en la Investigación del Delito. Al crearse la Policía Nacional hace 22 años, desapareció la PIP y con ella la especialidad de la Investigación Criminal en la Policía Nacional del Perú.
Finalmente opino, no es el Código Procesal Penal el que origina el problema de inseguridad ciudadana en nuestro país: La seguridad ciudadana es un problema de Gobernabilidad. Es un compromiso de todos los peruanos pero es responsabilidad del Estado representado por el Presidente de la República, el mismo que hasta la fecha ha venido demostrando ausencia de capacidad para diseñar políticas públicas contra la criminalidad. No existe una Política Criminal contra el Delito que defina la estrategia del Estado para prevenir los hechos violatorios de la legislación penal en nuestro país, mucho menos una Política contra la Criminalidad que determine las competencias encaminadas a librar a la población del incremento de la delincuencia, el temor y la inseguridad. En resumen, el problema está en las altas autoridades del Gobierno y de la Policía Nacional que no saben en el primer caso como detener el incremento de la criminalidad, y en el caso de la Policía como investigar y prevenir el delito. Espero con mucha confianza que en el próximo y muy cercano nuevo Gobierno se revierta la situación existente.

(*) Hugo Muller Solón
Coronel PNP (R)
Abogado penalista
Socio Fundador de la Asociación Profesional de Policías del Perú - APROPOL
Investigador Asociado del Taller de Asuntos Públicos - TAP/PERU
Docente Facultad de Derecho Cesar Vallejo - Trujillo

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