sábado, 16 de julio de 2011

CONSULTA PREVIA: ¿CÓMO Y CUÁNDO SE DEBE DAR?

Fuente: Otra Mirada

Una de las “papas calientes” que deberá enfrentar el presidente electo, Ollanta Humala, será promulgar una Ley de derecho a la consulta previa de los pueblos indígenas reconocido por el Convenio 169 de la OIT.
Recordemos que un proyecto de ley consensuado sobre esta materia fue aprobado por el Congreso en mayo del año pasado, sin embargo, un mes después, este fue observado por el presidente Alan García y su Consejo de Ministros y hasta el momento no se ha dado luz verde a su promulgación.
Una primera discusión que se ha abierto en torno a la consulta previa es sobre si este proceso tendría capacidad de veto sobre los proyectos que se pondrían en ejecución. En segundo lugar, se ha puesto en cuestión cuándo debiera darse este proceso de consulta, si antes o después de entregarse la concesión.
Sobre el primer punto, si bien el Convenio 169 no da derecho a veto a los pueblos indígenas, tal como señala el antropólogo Alberto Chirif, la consulta no es una mera formalidad sino un ejercicio democrático que debe realizarse antes de la toma de decisiones o de la aprobación de normas, y debe hacerse con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. Sin embargo, tomando en cuenta la postergación y maduración de los conflictos sociales, los indígenas estarían buscando con este proceso cerrarle el paso a las actividades extractivas. En ese sentido, el gobierno entrante deberá buscar el mejor momento para realizar el proceso de consulta, buscando diluir el rechazo que se ha extendido sobre estas actividades.
De otro lado, para un sector del empresariado extractivo, como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), sería imposible que el proceso de consulta se realice durante el proceso de concesión, ya que aún se desconocería la rentabilidad del proyecto. Entonces, ¿cuál es la propuesta de este gremio? ¿Que la consulta se realice una vez otorgada la concesión? En opinión de César Gamboa, experto de la ONG Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), el proceso de consulta debiera darse antes de la concesión, para que las recomendaciones de las comunidades indígenas se incluyan en el mismo diseño del proyecto. De esta manera, también se reduciría los riesgos de la inversión privada porque disminuiría la probabilidad de que se desarrollen conflictos.
Finalmente, si el presidente Humala promulgara la ley de consulta previa este 28 de julio, ¿se resolverían gran parte de los conflictos socio-ambientales del país? La ley de consulta no es una varita mágica. Este proceso debe ir de la mano con un plan de ordenamiento territorial, que señale dónde puede haber actividad extractiva y dónde no.
Pero hay varias bombas de tiempo que no darán tregua. El gobierno entrante deberá mostrar su nueva estrategia para resolver estos conflictos, donde el diálogo y la información oportuna serán las mejores herramientas para vencer el descontento y la desconfianza ciudadana.

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