lunes, 15 de agosto de 2011

GRAN CRUZADA CONTRA LA DELINCUENCIA COMÚN

Fuente: Diario El Comercio

El presidente Ollanta Humala ha asumido un compromiso, ante y en representación de la nación, de luchar contra la delincuencia común que amenaza a nuestro país.
La situación es sumamente preocupante y se revela en algunas estadísticas de horror: en los últimos dos años los delitos cometidos por bandas organizadas se triplicaron y el número de denuncias por delitos graves se incrementó en un 50%. Solo en el 2010 ingresaron 1.300 denuncias por día (60% de ellas por robo, homicidio o secuestro) y se investigaron 500 mil delitos, que no incluyen los casos que no se dieron a conocer por víctimas incrédulas respecto de la sanción a los delincuentes.
Y es que lo peor es la impunidad. Los delincuentes que la policía logra capturar son liberados en los tribunales (700 en los últimos ocho meses), incluso a pesar de su reincidencia; mientras que el Poder Judicial considera que hay deficiencia y corrupción en la elaboración del atestado policial. El resultado es calamitoso: solo el 15% de las denuncias que llegan a la Dirincri se resuelve. ¡Qué decir de los penales! Verdaderas coladeras donde se planifica el delito.
En este escenario, enfrentar la inseguridad ciudadana exige una cruzada que deberá ser librada por el Gobierno, la policía, la justicia y la población en pleno. Por ello, es positivo que el presidente Humala haya iniciado coordinaciones con los ministerios del Interior y de Justicia, el Poder Judicial, la fiscalía, el Congreso y la contraloría, para trabajar en diferentes frentes. Cada una de estas instancias tiene una función ineludible que cumplir: prevención del delito (patrullaje, investigación, etc.), efectividad en las sanciones (incrementarlas o endurecerlas), eficiencia (de policías, fiscales y jueces en la tipificación del delito) y transparencia (sin corrupción que facilite que los facinerosos eludan la acción de la justicia, vuelvan a las calles y sigan delinquiendo).
Esta lucha contra la delincuencia debe ser una política de Estado, multisectorial y con continuidad. Lo sucedido en el último lustro es vergonzante: de manera rimbombante se formularon 12 planes contra la inseguridad que fueron inútiles porque, de otra manera, no tendríamos la penosa estadística descrita.
El Gobierno deberá empezar por evaluar paso a paso la efectividad del plan piloto de eliminación del 1 × 1, por el cual unos 13 mil policías descansaban por cada día trabajado en alguna comisaría para dedicarse a la custodia de establecimientos públicos o privados. Ahora habrá menos efectivos en bancos, locales comerciales y de servicios, pero una óptima distribución tendrá que garantizar vigilancia y patrullaje constante. El éxito de esta estrategia dependerá también de cuánto se involucre a los gobiernos locales en la solución del problema, toda vez que se ha prometido a los alcaldes que sus informes sobre la labor de los comisarios serán medulares para mantenerlos en sus puestos.
Coincidimos con el presidente Ollanta Humala en que la población aprueba estas primeras medidas porque el problema los afecta directamente.

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