jueves, 27 de octubre de 2011

LA RESPONSABILIDAD DEL CONGRESO Y LA ÉTICA POLÍTICA

Fuente: Diario El Comercio

Aunque algunos políticos piensan que la ética pasó de moda, habría que recordarles que sus negligencias, faltas y delitos en el quehacer público resultan hoy más que nunca repulsivas para el ciudadano de a pie.
No es ético el político que, a pesar de la contundencia de la denuncia, niega los cargos, como la señora Celia Anicama o el señor Amado Romero, o aquel que trata de inculpar a otros para, aparentemente, eludir su responsabilidad, como el vicepresidente y congresista Omar Chehade. Tampoco es ético el parlamentario que incumple sus funciones legislativas, llega tarde y falta a las sesiones o aquel que ha hecho del falso espíritu de cuerpo su doctrina, para encubrir al corrupto, “porque su falta es menor”. ¡Qué decir de los partidos y agrupaciones políticas que incluyeron en sus listas a unas cuarenta personas -hoy congresistas- que postularon a una curul a pesar de afrontar problemas legales!
Ética en la política no es solo sinónimo de moral, sino de idoneidad, profesionalismo, honestidad, transparencia y sobre todo representación eficiente. Por eso, la labor de la Comisión de Ética Parlamentaria de este Congreso resulta medular: no solo tiene que resolver los casos cuestionados con celeridad, de manera justa y equitativa frente a todas las denuncias, y luego aplicar sanciones drásticas. También debe devolver credibilidad a un poder que día a día sigue perdiendo representatividad, con lo que ello significa para la gobernabilidad del país.
Si este Parlamento no resuelve sus problemas éticos, seguirá “apareciendo” ante la ciudadanía como ineficiente, incapaz de atender los acuciantes problemas nacionales, y yendo cuesta abajo en los niveles de aprobación. Según la última encuesta de El Comercio, realizada por Ipsos Apoyo S.A. hace tres semanas, 34% aprobaba su corta gestión, pero no debería olvidarse que el anterior Parlamento culminó con un vergonzoso 15%. En parte por ese falso espíritu de cuerpo que predominó durante el gobierno aprista y que impidió que cerca de cincuenta denuncias no se resolvieran en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Lo más grave es que un Legislativo ineficiente y desprestigiado no favorece a nadie: ni al país, en su camino al despegue económico y la inclusión social; ni al quehacer político del Estado y los propios políticos; ni al gobierno de turno, irónicamente comprometido con la lucha contra la corrupción de una manera diferente a la de sus antecesores.

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