martes, 22 de noviembre de 2011

LA CRISIS DEL CONGRESO ANTE LOS OJOS DEL CIUDADANO

Fuente: Diario El Comercio

Como era de esperarse, los últimos escándalos y denuncias en contra de ciertos congresistas de la República han repercutido negativamente en la percepción de la opinión pública. Este Poder Legislativo, que empezó con un porcentaje de aprobación aceptable, ha caído aparatosamente ante los ojos del ciudadano común.
Según la última encuesta nacional urbana de El Comercio, realizada por Ipsos Apoyo S.A., el índice de aprobación ha bajado de 41% a 24% en solo tres meses de gestión, un verdadero récord en el balance de los últimos parlamentos en nuestro país.
En general, el sentir ciudadano es de enojo. La población exige control interno y fiscalización del político en general que tuvo o tiene responsabilidad pública. Ello explica la alta aprobación que alcanza el congresista Humberto Lay, presidente de la Comisión de Ética Parlamentaria (62%), así como la megacomisión instalada ayer, que se encargará de investigar los presuntos actos de corrupción durante el último gobierno de Alan García (85%).
La indignación de los encuestados respecto a los parlamentarios se revela en su exigencia para sancionarlos severamente. Solo 14% está de acuerdo en que sean suspendidos 120 días, aunque ese es el castigo máximo que puede aplicar el pleno del Congreso, independientemente de los procesos emprendidos por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
En cambio, la gran mayoría (81%) quiere que esos congresistas sean destituidos, porque probablemente el elector peruano está harto de que el Poder Legislativo siga en manos de personas de dudosa reputación, escasa idoneidad y cuestionable capacidad profesional. Es una lástima que este Parlamento repita el plato de sus antecesores. Las denuncias formuladas contra varios de sus miembros por delitos diversos solo han conseguido que el 82% de las personas entrevistadas considere que, en realidad, esto es prácticamente normal o un mal generalizado inherente a la política nacional.
En este escenario tan deplorable, tal vez lo único positivo sea que más de la mitad crea que los políticos envueltos en delitos no son los únicos culpables de su buena o mala gestión. También se responsabiliza a los electores que votaron por ellos (67%), a los partidos que no realizaron una buena selección (40%), a la defectuosa modalidad del voto preferencial (19%) y la negligencia del Jurado Nacional de Elecciones (14%).
La bancada oficialista debe someterse a una rápida y temprana reingeniería, porque podría arrastrar consigo a la figura presidencial y la imagen del actual régimen. Como comentamos ayer en esta misma columna, indigna que miembros del Gabinete, asesores o partidarios que están para apoyar, generen problemas al presidente y distraigan la atención de los temas trascendentales que afectan al Estado y la nación.
En cuanto al Congreso en general, si quiere remontar esta mala imagen que se arrastra debe ponerse a trabajar en ello, con acciones concretas. Aplicar reformas constitucionales pendientes, como la eliminación del voto preferencial, la revocatoria y la renovación por tercios, sería un gran avance en ese sentido.

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