viernes, 6 de enero de 2012

PARTIDOS DEBEN ENTENDER QUE SIN TRANSPARENCIA NO HAY DEMOCRACIA

Fuente: Diario El Comercio

No puede pasar desapercibido, en el torbellino noticioso, un hecho muy delicado para la gobernabilidad democrática: la negativa, hasta ahora impune, de los principales partidos y organizaciones políticas para asumir responsabilidades básicas, como reportar sus fuentes de financiamiento.
En la reciente campaña electoral, Perú Posible, Fuerza 2011 y Gana Perú ocultaron a la ONPE gastos de publicidad –pagada con fondos desconocidos– por S/.13 millones, un millón y 4 millones, respectivamente. En algunos casos también omitieron revelar los gastos de las actividades proselitistas y persisten los aportantes fantasmas. Y muchas personas que aparecen en informes partidarios niegan haber dado dinero al partido. ¿De dónde salió entonces?
¿Con qué autoridad moral pueden pretender acceder a dirigir el Gobierno y combatir la corrupción quienes no pueden siquiera ser claros en sus cuentas internas? Y, peor aún, ¿cómo podemos estar seguros los ciudadanos de que, entre bambalinas, no hay grupos de interés o mafias vinculadas al narcotráfico u otras actividades ilícitas?
La ONPE, con demasiada tolerancia, ha dicho que está pidiendo a los partidos que subsanen estos desfases financieros. Pero, lo más previsible es que muchos no lo hagan, pues el sistema de control y la norma respectiva son muy laxos; y los congresistas, elegidos por los partidos reincidentes, no asumen su responsabilidad de legislar para imponer mayores sanciones a estas faltas. ¿Lo harán esta vez? La democracia exige reglas claras, transparencia y orden.

NO A LA IMPUNIDAD DE LOS MALOS CHOFERES
En un país como el nuestro, con el índice más alto de muertes en accidentes de tránsito en América Latina, y uno de los más elevados del mundo entero, es realmente inaudito y escandaloso que no se ejecuten las sanciones establecidas a los choferes reincidentes, responsables de la mayoría de accidentes de tránsito graves.
Según el MTC, más de 25.760 conductores deberían tener suspendida su licencia de conducir al haber superado los 100 puntos en contra por acumulación de multas. ¡Pero siguen conduciendo como si nada hubiera pasado!

Ante tan indignante realidad, que pisotea el reglamento de tránsito, debemos exigir al Consejo Nacional de Seguridad Vial y a las municipalidades provinciales que cumplan su deber de expedir la resolución de suspensión o cancelación y comunicárselo al interesado.
Esta indolencia cómplice alimenta un círculo vicioso de impunidad y muerte en las pistas, pues si nadie controla a muchos conductores –en especial a los de transporte público– simplemente les da igual que les impongan una o 100 papeletas. Al final terminan acumulando puntos, pero no pagan y siguen circulando sin que les pase nada, con todos los riesgos que ello conlleva.
Las autoridades municipales y policiales tienen que marcar un punto de quiebre para evitar más caos y muertes en las pistas. La ley está para aplicarse y los reincidentes deberían tener incluso una pena mayor que la simple cancelación de su licencia de conducir, que finalmente tampoco los disuade o asusta.

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