viernes, 13 de abril de 2012

VETO PELIGROSO

Fuente: Diario El Comercio

Ha sido publicado finalmente el Reglamento de la ley de derecho a la consulta previa. Y este ha confirmado que el resultado del proceso de consulta a los pueblos indígenas no será vinculante. Es decir, que la entidad estatal que consulta la medida legislativa o administrativa que quiere dar y que amenazase afectar “derechos colectivos” de dichos pueblos, puede finalmente decidir proseguir con la misma aunque el pueblo consultado haya respondido con un rotundo “no”.
Lo cierto es que, considerando cómo vienen sucediendo las cosas, ni a los pueblos indígenas ni a las muchas comunidades campesinas que, sin serlo, pretenden los mismos derechos, debiera de preocuparles que se les haya negado el tener esa última palabra que pedían. Desde hace ya muchos años todos los gobiernos (incluyendo al actual en varias oportunidades) han demostrado con hechos que en el Perú el derecho de veto sí existe y se ejerce en las carreteras.
Suena derrotista decirlo, pero es un dato que conviene ir asumiendo: la evidencia que lo respalda es abrumadora y se renueva permanentemente. Todos los años vemos vetos planteados así de manera exitosa y con los más variopintos motivos: detener una inversión minera, cambiar la política de utilidades de una empresa, impedir que se comparta un canon con otras regiones, detener la construcción de una cárcel, aumentar el presupuesto de una universidad, poder seguir operando al margen de la ley y con altísimo costo ambiental por un año más, entre otros. Así las cosas, lo único que puede lograr una consulta en la que el Estado finalmente deniegue a los consultados lo que piden es retrasar el momento de las protestas y el veto para cuando acabe todo el proceso. Si algo, el Estado se ha puesto aun más en el disparadero al darse el poder de decidir discrecionalmente si decide pasar por encima o no de lo que le digan las comunidades.
Lo que sí es nuevo es el hecho de que el Estado ahora pueda ser legalmente discrecional para decidir sobre el futuro de algún proyecto. Esta novedad, sin embargo, no justifica que sus consecuencias para el Estado de derecho estén pasando desapercibidas.
Antes de esta innovación legal, lo que enfrentaba quien quería emprender algo en el Perú era lo mismo que en todo el orbe civilizado: un conjunto de requisitos establecidos en blanco y negro en la ley y que, más o menos racionales, más o menos justos, tenían en común la ventaja de decirle al ciudadano a qué se atenía y de hacer que todos los que estuviesen en la misma situación dependiesen de las mismas reglas. Un permiso de explotación, por ejemplo, tenía que ser otorgado a todo aquel que cumpliera con tales puntos de tales TUPA. Ahora, en cambio, será otorgado solo a aquellos que, cumpliendo con todos los requisitos, pasen el filtro de la discreción de los funcionarios competentes.
Lo anterior quiere decir que, para efectos de una serie de derechos, hemos vuelto a los tiempos de las monarquías: de ahora en adelante que cada ciudadano tenga o no estos derechos dependerá en última instancia de la voluntad de una autoridad. Lo que, desde luego, también implica que ya no todos los que estemos en una misma situación (y cumplamos, siguiendo con el ejemplo, con los mismos requisitos) tendremos los mismos derechos.

No debe subestimarse todo lo que puede colarse en esta discrecionalidad estatal, particularmente en los casos en que la última palabra esté otorgada a instancias de decisión como las locales, que no siempre tienen todos los reflectores encima. Por ejemplo, la corrupción. Y luego está el problema de los incentivos políticos a los que necesariamente estarán siendo sometidos estos procesos: queda claro que, en nuestro ejemplo, quienes cumplieron con todos los requisitos de los TUPAS en tiempos electorales tendrán mucho menos posibilidades de recibir el permiso correspondiente que quienes lo hicieron en tiempos más tranquilos.
En suma, no hay nada de que alegrarse. En vez de que la ley sea la misma para todos, habrá pues que acostumbrarse al riesgo de que el gobierno tome decisiones sobre temas millonarios así como San Pedro maneja la puerta del cielo: según su superior saber y entender.

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