lunes, 7 de mayo de 2012

¿ELECCIONES LIBRES?

Fuente: Diario El Comercio

Se viene discutiendo en el Congreso un proyecto de código electoral en el que, dentro de las muchas reformas planteadas, brilla por su ausencia la derogación del voto obligatorio. Una reforma tan largamente postergada como urgentemente requerida desde el punto de vista de los derechos fundamentales y desde el de la salud de nuestro sistema democrático.
Constituye un contrasentido que el Estado obligue a alguien a ejercer un derecho que el mismo Estado le reconoce. Un derecho, por definición, es un área de libertad que el Estado garantiza a su titular. Si no hay libertad –si yo tengo que hacer eso que puedo hacer– no hay derecho, hay solo deber. El derecho y el deber, por lo menos a nivel jurídico, no pueden convivir. Cuando son juntados en un mismo lugar, el deber siempre anulará al derecho: si una persona es obligada a hacer algo por la fuerza (que eso es la intervención del Estado) se vuelve irrelevante que lo quiera hacer o no. Si yo tengo que expresarme, ya no soy libre de hacerlo. Lo mismo si tengo que tener una fe o salir del país o participar de una asociación. Es, pues, un disparate absoluto decir, como tan alegremente se dice entre nosotros, que algo es “un derecho y un deber”.
Lo anterior puede parecer puramente teórico pero tiene consecuencias prácticas. Si se obliga a alguien a hacer algo que puede pero no quiere hacer, lo más probable es que no lo haga bien. Y esto cobra especial importancia cuando se trata de algo como el voto, donde el resultado de lo que cada uno hace, vía su efecto agregado, puede acabar determinando las vidas de los demás. Es decir, en el caso del derecho al voto, la yuxtaposición del deber, además de violar la libertad individual, tiene consecuencias graves para el buen funcionamiento del conjunto de la sociedad.
Votar bien –esto es, de una manera en que cada decisión refleje lo que realmente se quiere lograr con ella– no es algo que se pueda hacer sin esfuerzo. Concretamente, requiere que uno entienda, por lo menos, qué representan programáticamente cada una de las opciones que tiene al frente y qué posibilidades hay, en cada caso, de que estas opciones no traicionarán esos programas una vez lleguen al poder. Esto tendría que suponer hacer cosas como leer y contextualizar los diferentes programas y estudiar con algún detenimiento las diferentes personalidades y trayectorias. En otras palabras, todo un esfuerzo con el que no tienen ningún incentivo en comprometerse quienes solamente van a votar para evitar la multa y a quienes, consiguientemente, nada les resulta más práctico que botar su voto.
Esta situación, por otro lado, se agrava aun más cuando uno considera que el voto particularmente desinformado de quienes no están interesados en votar es lluvia que cae sobre mojado. Después de todo, incluso quienes son políticamente activos tienen un incentivo para no ser demasiado prolijos en las tareas electorales: como nadie tiene más que un voto, todo el mundo tiende a sentir que el suyo no hace la diferencia y, por lo tanto, a no esforzarse demasiado en informarse a cabalidad. Baste con saber cuántas personas leen los programas de los partidos en cada elección… El voto particularmente desinformado de los que no tienen interés alguno en votar solo empeora, entonces, un escenario que ya es por naturaleza complicado, lo que reduce considerablemente las posibilidades de que la sociedad tome buenas decisiones en sus elecciones. No es por coincidencia, al fin y al cabo, que solo dos de los países desarrollados tengan voto obligatorio.

Quienes defienden el voto obligatorio dicen que haciendo que todas las personas voten se logra una masa electoral suficientemente grande como para “legitimar” a quien salga elegido. Pero, ¿qué clase de legitimación es esta que nace de una obligación? Al menos en democracia, ¿no se supone que lo que legitima es el querer de los ciudadanos? El argumento de la legitimación es, en el mejor de los casos, un autoengaño; y en la mayoría de los mismos, una viveza: la de quienes impulsan el voto obligatorio porque son los principales beneficiados del voto desinformado.
En suma, el voto facultativo es un tema clave que no debemos pasar por alto si queremos reformar nuestro sistema electoral. Obligar a votar a quienes no quieren hacerlo es una violación a sus derechos que trae aparejado un castigo para el conjunto de la sociedad que la comete. Y para muestra, cualquiera de nuestras elecciones.

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