miércoles, 16 de mayo de 2012

LO BARATO SALE CARO

Más costoso que pagar por cárceles privadas es mantener nuestro fracasado sistema penitenciario

Fuente: Diario El Comercio

El ministro de Justicia se ha presentado ante el Congreso para exponer diez propuestas de reforma penitenciaria. Una de ellas es concesionar la operación de servicios especializados de las cárceles, como los sistemas de bloqueo de comunicaciones o de grilletes electrónicos.
Al ministro se le preguntó sobre la posibilidad de concesionar por entero la gestión de los penales. Era una pregunta necesaria, considerando que este modelo ha sido exitoso en otros países. Estados Unidos, donde en los últimos 25 años se ha concesionado alrededor de 300 prisiones, es un buen ejemplo: a solo una década de implementado el sistema, el 50% de los penales privados había obtenido una acreditación independiente de niveles satisfactorios de seguridad y trato a los internos, cosa que solo logró el 10% de las cárceles estatales. Los penales privados, además, tienen una tasa de escapes 10 veces más baja que los públicos, registran la mitad de denuncias por agresiones sexuales a los internos y suelen lograr estos resultados a un menor costo (en algunos casos hasta 30% menor). Y, por supuesto, ninguno de ellos sirve, como las tropicales cárceles peruanas, de local de peleas de gallos u hotel con paquete “todo incluido”.
El ministro, no obstante lo anterior, contestó que concesionar “es una solución muy cara para países como el Perú”. El Estado, después de todo, gasta alrededor de US$ 8 diarios por recluso, mientras que un penal privado que brinde un servicio decente puede cobrar alrededor de US$35.
Esta objeción, sin embargo, ignora que el costo de nuestro paupérrimo sistema carcelario no es solo de US$8 por interno. El verdadero costo incluye, por ejemplo, los problemas que genera al permitir que los delincuentes que encarcela sigan cometiendo crímenes desde cárceles que se asemejan a centros de convenciones para la mafia. ¿Quién presupuesta, por ejemplo, los daños que sufren las víctimas de los delitos organizados desde la cárcel, como las llamadas de extorsión que, según la PNP, salen de aquellas el 95% de las veces?
Si bien el costo de la delincuencia es difícil de medir, podemos tener una idea de su magnitud con el reciente informe del Latinobarómetro: después de México, somos el país de la región donde más personas han sido víctimas de un crimen. Y no olvidemos tampoco que el costo va más allá de los daños personales, pues la criminalidad desincentiva las inversiones y, según el Reporte Global de Competitividad, el Perú ocupa el deshonroso puesto 121 de 142 países en el ránking de impacto de la delincuencia en los negocios.

Otro costo de nuestro sistema penitenciario, por otra parte, es el sufrimiento de los presos recluidos en penales cruentamente sobrepoblados, donde seis de cada diez no han sido sentenciados y donde las condiciones de vida encajan perfectamente con eso que el lenguaje de los derechos humanos define como “castigos crueles e inusuales”. De penales así, además, no salen presos resociabilizados, sino solo repotenciados, lo que también cuesta a la sociedad. Pero claro, como papelito manda y estos costos nadie los contabiliza, hay quienes se olvidan de ellos.
Se podría pensar que, aunque los costos para la sociedad del sistema actual sean enormes, el presupuesto no alcanza para financiar algo semejante a las cárceles privadas chilenas. La verdad, sin embargo, y para variar, no es que no tengamos dinero, sino que asignamos mal o ni siquiera usamos el que tenemos. El monto adicional anual necesario para financiar un sistema carcelario como el chileno es menor que el monto que las regiones recibieron por canon y no ejecutaron el año pasado. Por otro lado, se trata de una suma que se aproxima solo al 1% del presupuesto nacional. ¿No tiene, acaso, sentido invertir esta pequeña fracción del presupuesto en una de las funciones más básicas del Estado?
Varias de las medidas planteadas por el ministro son, sin duda, un esfuerzo muy serio y loable. Pero para el Perú no querer apostar por un sistema que nos asegura menos delincuencia bajo el argumento de que sale muy caro (pese a que sí se cuenta con recursos para financiarlo) es como preferir dejar sin seguro la puerta de una casa en un barrio lleno de ladrones, bajo la excusa de que comprar una cerradura cuesta demasiado.

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