lunes, 28 de mayo de 2012

Y AHORA, ¿QUIÉN PODRÁ DEFENDERNOS?

El gobierno ha abdicado de su rol de policía en la lucha contra la minería ilegal

Fuente: Diario El Comercio

Durante las últimas semanas el presidente y sus ministros anunciaron reiteradamente su decidida intención de dirigir una guerra sin tregua contra la principal depredadora del medio ambiente, la minería ilegal. Bastó un paro, no obstante, para demostrar (nuevamente) que la firmeza de carácter no es precisamente el fuerte de este gobierno, el que se apresuró a firmar una tregua de dos años con los mineros informales, durante la cual podrán seguir realizando sus ilegales actividades mientras todos esperamos que se conviertan en muy honrados comerciantes.
Al gobierno, aparentemente, le parece razonable dar un plazo a estas empresas para formalizarse. Esta historia, sin embargo, tiene víctimas: el medio ambiente y las personas cuya salud afecta la contaminación generada por la minería ilegal. Por eso, no hay nada de razonable en el plazo establecido por el gobierno, pues al autorizarlas a continuar con sus actividades por un período de dos años mientras, supuestamente, se formalizan, realmente les ha dado licencia para matar. Es como permitir a un criminal que siga robando casas o secuestrando gente por dos años mientras encuentra un trabajo legal.
No contento con tolerar actividades ilegales, al gobierno, además, le pareció buena idea animarlas. Dispuso que la empresa estatal Activos Mineros, durante aquellos dos años, se dedique a comprar oro a quienes inicien los trámites para formalizarse. No sería extraño que ahora más personas consideren dedicarse a ser mineros ilegales en proceso de legalización. Y es que suena a negocio redondo extraer oro sin cumplir leyes ambientales y con la tranquilidad de que el gobierno te asegure comprar tu producción.
Algunos creerán, no obstante, que es correcto otorgar estos privilegios a los mineros porque permitirá que en dos años se hayan convertido en fieles cumplidores de la ley. Empero, ¿quién asegura que una vez que pierdan aquellos beneficios no regresarán a sus ilegales prácticas? De hecho, si la única razón para iniciar el proceso de formalización es evitar la persecución legal y tener un mercado asegurado para el oro, es esperable que estos señores retomen su anterior forma de hacer negocios una vez que el premio se agote.
Como si todo esto no bastase, la norma que autoriza a la empresa estatal a comprar el oro calla en lo que concierne a cómo se escogerá a quién comprarle y a qué precio, contentándose con declaraciones genéricas de que Activos Mineros deberá considerar “el valor de mercado, el tipo de producto y el lugar geográfico” en el que se encuentra la empresa con la que trate. Poco elegante forma de decir, por cierto, que la empresa elegirá a su contraparte y fijará el precio bajo las consideraciones que le provoque. Preocupa, naturalmente, que tanta discrecionalidad sea una invitación a la corrupción, más aun si a quienes se comprará el oro es a expertos en violar la ley.

Por otro lado, es increíble que no le importe al gobierno que, con seguridad, esto será un pésimo negocio para los contribuyentes que financiaremos estas compras. No solo porque Activos Mineros es una empresa que ya para el 2012 tiene presupuestado perder más de 27 millones de soles, por lo que pocas esperanzas podemos guardar de recuperar nuestro dinero. Además, porque, más allá de lo que su nombre sugiere, Activos Mineros no se dedica a la compraventa de minerales, sino a paliar los efectos que la minería genera en el medio ambiente y protegerlo de daños ulteriores. Así, se le ha encargado el negocio de comprar y vender oro a una compañía quebrada y que no tiene ninguna experiencia en el tema.
No podemos, finalmente, dejar pasar la ironía de haberle encomendado a una empresa, supuestamente dedicada a combatir el daño al medio ambiente, la tarea de convertirse en cómplice de los criminales que más daño le causan. ¿Qué sigue? ¿Encargarle a la Dirandro comprar cocaína a los narcotraficantes mientras se formalizan?
Alguien debería recordarle al gobierno que una de sus obligaciones fundamentales es la de policía: evitar que un grupo de ciudadanos atropelle los derechos del resto. Es una vergüenza que, en este tema, haya decidido actuar cual guardia que no solo no coge a los ladrones, sino que tiene la brillante idea de obligarnos a comprarles aquello que nos han robado.

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