miércoles, 13 de junio de 2012

Urge una Ley marco contra la violencia hacia las mujeres

Por: DEMUS
El primero de junio, el congresista Alonso Inga presentó el Proyecto de ley 1212/2011-CR Ley integral contra la violencia hacia la mujer y la familia , suscrito por un grupo multipartidario. A pesar del nombre, el proyecto no enfrenta la violencia contra la mujer como expresión de la discriminación por razones de género y violación de derechos humanos que requiere de una política pública acorde con el Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer 2009 - 2015 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer “Convención de Belem do Pará”. El proyecto equipara la violencia contra la mujer con violencia familiar, tanto a nivel normativo, de política pública y en el sistema de justicia. El Estado peruano aún no cumple con su obligación de adoptar una legislación especial que garantice el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, conforme lo establece la Convención Belem Do Pará. El Comité de Expertas/os del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI), ha llamado la atención a los Estados porque todavía cuentan con disposiciones donde los términos “violencia contra las mujeres”, “violencia de género” y “violencia doméstica” o “violencia familiar” son tratados como sinónimos y usados en forma indistinta, señalando que con ello se genera un marco legislativo confuso que obstaculiza su implementación. También ha reiterado su preocupación por el uso de nociones como “violencia doméstica” o “violencia familiar” en tanto excluye la violencia ocurrida a manos del compañero de hogar, novio, ex parejas o personas que, sin estar vinculadas legalmente con la mujer, mantiene una relación interpersonal con ella. Asimismo, ha constatado que los Estados concentran sus esfuerzos de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres en la lucha contra la violencia familiar, intrafamiliar o doméstica, reconociendo los avances estatales en la prevención y sanción de la violencia contra las mujeres en el ámbito privado. Sin embargo, ha considerado que dichas acciones no cubren todas las manifestaciones de violencia contra las mujeres, especialmente las que se producen en el ámbito público. Además ha mostrado preocupación por las normas neutras al género adoptadas en el marco de la lucha contra la violencia familiar considerando que invisibilizan el hecho que mujeres, niñas y adolescentes constituyen el mayor número de víctimas de violencia, ya que responde a una situación de desigualdad histórica entre hombres y mujeres, que legitima la violación de sus derechos. Por lo visto, lo hallado por el MESECVI es aplicable al Perú. Frente a ello, Demus propone la aprobación de una ley que fortalezca la rectoría de la política pública contra la violencia hacia las mujeres, estableciendo con precisión las competencias, funciones y relaciones de los sectores, niveles de gobierno, entidades estatales autónomas y el sistema de justicia; Asimismo, que desarrolle las medidas para institucionalizar los enfoques de género e interculturalidad, por ejemplo a través de la regulación y supervisión de directivas, guías y protocolos; así como, la formación obligatoria en género, que enfrente todas las formas de violencia que viven la diversidad de mujeres en zonas rurales y urbanas.

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