lunes, 23 de julio de 2012

Achica condena

Por: Augusto Álvarez Rodrich

Que los abogados se enreden ahora con las explicaciones sobre la decisión de la tremenda corte de Javier Villa Stein, pero lo cierto es que el recorte de las penas con el que ha beneficiado a los asesinos del grupo Colina y a sus jefes, constituye un severo retroceso en la defensa de los derechos humanos en el Perú, así como un avance significativo en el proceso en marcha para el desmontaje de las sanciones aplicadas a quienes los violaron, y para la pronta salida de Alberto Fujimori de la Diroes.
La sala presidida por Villa Stein concluyó que los asesinatos de Barrios Altos cometidos por el Grupo Colina no son delitos de lesa humanidad, lo cual le ha permitido rebajar las condenas de los cabecillas de esta organización criminal –Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Julio Salazar Monroe, Juan Rivero Lazo y Nicolás Hermoza– y a los que directamente les dispararon a un grupo de heladeros incluyendo a niños.
El sustento de este beneficio para este grupo de asesinos es que sus crímenes no son sistemáticos y que, por ende, no son de lesa humanidad. Pero si lo que el Grupo Colina hizo no es sistemático, ¿qué cosa entonces lo es? Salvo que Villa Stein haya inventado un nuevo significado para la palabra sistemático, su fallo solo genera sospecha legítima de que sea parte de un esfuerzo mucho más amplio orientado a flexibilizar las penas de corruptos y asesinos.
En el corto plazo, para beneficiar a los del Grupo Colina, pero el objetivo de mayor alcance es poner en libertad a Alberto Fujimori. Estas decisiones nunca ocurren en un vacío político sino en un contexto que promueve o facilita su avance.
Es el caso, por un lado, del avance gradual para la recreación de las condiciones para el relanzamiento político de los sectores vinculados al fujimorismo, el cual constituye en el Perú el partido de la derecha más bruta y achorada. Este hecho promueve decisiones lamentables como la de Villa Stein.
Por el otro lado, decisiones aberrantes como la de este juez y su corte se ven facilitadas porque el gobierno del presidente Ollanta Humala ha bajado la guardia en el terreno de la defensa de los derechos humanos.
En efecto, como concluyó el informe publicado en La República sobre el balance del primer año de gobierno, los derechos humanos no estuvieron presentes en la agenda gubernamental, lo cual contrasta marcadamente con todo lo que Humala dijo durante la campaña electoral.
En este sentido, ante el avance del sector fujimorista –el cual debe estar hoy festejando por la flexibilización de las penas de sus asesinos– y el aletargamiento que se observa en el gobierno, lo único que queda es que la sociedad civil interesada en la defensa de los derechos humanos se manifieste con claridad y energía, de manera pacífica, en calles y plazas.

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