jueves, 11 de abril de 2013

Talante autocrático

Por: Augusto Álvarez Rodrich

Hoy puede ser un día funesto para la libertad de expresión en el Perú si –como parece que es su intención– el pleno del Congreso vota a favor del proyecto de ley promovido por el gobierno del presidente Ollanta Humala para penalizar la negación de los delitos de terrorismo.
El proyecto aprobado en las comisiones de Justicia y Constitución sanciona con hasta quince años de cárcel a quienes, públicamente, nieguen el delito de terrorismo para promover la comisión de estos ilícitos, hacer apología, o utilizarlos para adoctrinar con fin terrorista.
Este proyecto pretende corregir las graves deficiencias de la iniciativa previa preparada por el Ejecutivo, enfatizando la provocación a la comisión de delitos de terrorismo a través de la negación, pero sigue teniendo el mismo carácter antidemocrático e intolerante del original.
El proyecto alude a un estado mental imposible de probar. Al juzgarse solo expresiones, la determinación de la intención depende de la arbitrariedad o subjetividad del juez y no de un parámetro objetivo.
La propuesta no advierte que la provocación a la comisión de delitos plantea problemas de delimitación y, por ende, de confusión con la figura de instigación a la comisión de delitos, que ya está regulada en el Código Penal y cuenta con una consolidada interpretación de sus alcances en la doctrina y jurisprudencia nacional.
A su vez, no se entiende cómo la negación de algo puede generar o provocar conductas activas como la comisión de delitos de terrorismo o apología de este delito. Es decir, no ayuda a combatir al terrorismo.
Por sus deficiencias, confusión y redundancia, este proyecto es un serio riesgo a la libertad personal y de expresión, y debe ser rechazado, tal como lo ha recomendado el Ipys, Human Rights Watch o el IDL.
No es la única amenaza reciente del gobierno del presidente Ollanta Humala a la libertad de expresión. Otra es el artículo 12 de la ley que regula el Sistema de Defensa Nacional, el cual establece que la ciudadanía no podrá conocer información relacionada con la seguridad y la defensa porque esta será secreta, sin excepción ni límite de tiempo, y que el periodista que la viole irá a la cárcel hasta por quince años. Hace tiempo que esta disposición –que amenaza la libertad de expresión y favorece a la corrupción– debió ser derogada.
El presidente Humala ya ha recibido innumerables expresiones de la amenaza a la libertad de expresión que implican estas iniciativas.
Notificados estamos de este talante antidemocrático, pero ¿también el pleno del Congreso va a avalar, hoy, el proyecto de negacionismo que recorta el derecho a la libertad de expresión? Ojalá que no.

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