jueves, 18 de julio de 2013

TC que se va, TC que viene

Un TC ¿saliente? presidido por Óscar Urviola –el único magistrado que seguirá en el puesto– dictó una importante sentencia de ejecución sobre los bonos agrarios, marcando con propiedad su terreno frente a quienes, como el presidente Ollanta Humala, le pidieron que se abstuviera en este caso aduciendo que hay un TC ¿entrante? que, sin embargo, ha recibido sólidas críticas porque es el resultado de una repartija política pensada únicamente para favorecer el interés de los partidos en vez de la ciudadanía.
¿EL QUE SE VA? El TC ya había ordenado al Poder Ejecutivo, hace más de una década, pagar los bonos agrarios y lo que ahora ha hecho es ordenar su ejecución a través de una sentencia apretada que requirió el voto dirimente de Urviola.
El presidente Humala había solicitado al TC que se abstuviera de emitir esta sentencia teniendo en cuenta que este se encuentra, supuestamente, en sus postrimerías.
Es un argumento interesante y no deleznable, pero también es cierto que esta no es una sentencia que se arma de la noche a la mañana y que seguramente se viene madurando desde hace tiempo.
En este sentido, la sentencia emitida ayer es sensata y prudente pues le otorga al Poder Ejecutivo flexibilidad y el plazo suficientes para organizar un pago que era evidente que debía realizarse en algún momento.
Ya es hora de que en el Perú se erradique la política del perro muerto. Y eso pasa por la necesidad de que el propio Estado reconozca sus arrugas y las planche. Y así como los bonos agrarios deben honrarse, también debe ocurrir lo propio con la deuda con los fonavistas o con los familiares de las víctimas de las dos décadas de violencia en el país.
¿EL QUE VIENE? El Congreso votará hoy las propuestas para seis magistrados del TC, tres directores del BCR y la Defensoría del Pueblo, en un contexto en que la ciudadanía está asqueada por la prevalencia de intereses partidarios antes que los de la sociedad en su conjunto.
Acá no se ha buscado el consenso para elegir a diez personas que, más allá de sus opciones políticas –algo a lo que toda persona tiene derecho– ofrezcan una garantía básica de que estas entidades claves para el país serán manejadas pensando, precisamente, en el país. Acá hay una repartija al servicio de los partidos.
Lamentablemente, cada sector político solo critica a quien le conviene pero lo cierto es que Pilar Freitas en la DP, y Víctor Mayorga, Cayo Galindo y Rolando Sousa en el TC, van a ahondar la crisis de legitimidad del sistema jurídico peruano.
Esta propuesta en bloque parece muy amarradita por la repartija como para que se rompa en la votación de hoy, pero su concreción tendrá graves consecuencias políticas.

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