miércoles, 23 de octubre de 2013

"Voté por ti, pero no me acuerdo"

Por: Mario Saldaña C. 

Es la frase que diría al menos el 62 por ciento de los peruanos que, según la última encuesta de Ipsos Apoyo difundida el domingo último en El Comercio, han hecho uso del voto preferencial. Efectivamente, el voto preferencial es uno de los tantos males de nuestro sistema de representación (es un decir) política. Fue creado con la idea de contrapesar los dictados que las cúpulas partidarias y sus respectivos caudillos nos presentan como menú obligatorio a elegir en las listas parlamentarias. 
El caso Urtecho, que en realidad es el último de una larga y vergonzosa lista (y no solo en el Congreso) de gente que entra a medrar y a delinquir a costa del Estado, es un indicador que esta "solución" ha traído peores males, como la venta de las candidaturas al mejor postor, maquillando las mismas por supuestos criterios de "representatividad" de los "candidatos inversionistas". Lo cual lleva a pensar que si lo anterior es un dato de la realidad, la existencia de un "mercado de candidaturas políticas" es consecuencia de otra realidad: las agrupaciones necesitan levantar fondos a cualquier precio para solventar sus actividades proselitistas o de cualquier índole. Se debe eliminar el voto preferencial. El tema es por qué lo reemplazamos. 
Lo ideal es fijar un mapa de representación parlamentaria vía distritos electorales uninominales o binominales, de tal manera que la gente no solo emita su voto en forma entusiasta y que el recuerdo le dure poco, como revela el 62% aludido. Sino que yo pueda saber quién me representa y a quién tengo que exigirle cuentas de su función congresal. A la vez se obliga al parlamentario a esforzarse ante su universo de votantes. Pero eso es solo parte de la solución. La comercialización y el envilecimiento de la política tiene su razón de ser en el dinero, o como hemos dicho, en la falta de este en las agrupaciones. 
Y por eso es vital discutir el tema del financiamiento de los partidos. Bajo una reforma seria, estos deberían ser entidades públicas abiertas al escrutinio popular, regulados por el JNE, bajo un sistema de control no solo de los fondos que reciben del Estado y de los privados, sino y lo más importante, de sus procesos políticos internos, vía la ONPE: designación de autoridades, procesos electorales primarios para designar candidaturas que en buena cuenta sería la alternativa al voto preferencial, dando cabida a una abierta y libre participación ciudadana en los mismos, e incluso, hasta para los procesos de división o desaparición de las organizaciones. 
Es terrible admitir que la clase política representada en el Parlamento (dicho sea de paso, hoy el 88% de peruanos, según la aludida encuesta de Ipsos, no se siente representado en el Congreso; ¿alguien dijo 5 de abril?) no tenga la más mínima capacidad de conseguir los votos necesarios para emprender reformas que ni siquiera son un lujo o producto de disquisiciones ideológicas, sino que suponen darle viabilidad institucional al futuro democrático peruano. 
No hay mayor irresponsabilidad y falta de respeto hacia la población que, quienes teniendo la posibilidad de hacer algo (los propios grupos políticos y los parlamentarios en ejercicio) para que esa endeble y pobrísima entidad que es el Congreso no agudice aún más su crisis, no lo hagan porque el fraccionamiento de votos lo impide. Y peor es que quienes estamos afuera de la Plaza Bolívar no pasemos de ser simples testigos de un desplome, no físico aunque inminente, de esa vetusta institución.

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